Nuevos interrogantes en el ‘caso Ucota’

Al menos ése fue y sigue siendo el principal argumento sobre el que el TSJ basó su sentencia, con la que ha venido a anular la propia ex­propiación, valorar los 23.369,9 metros cuadrados de terreno y su posible aprovechamiento urbanístico según las tasaciones en vi­gor cuando se produjo la misma, incrementarlos en un 25 por ciento como suplemento de indemnización o ‘sanción’ por la irregularidad cometida e incrementar todas esas cantidades con la suma de los intereses correspondientes a la cifra inicial que debieron recibir los propietarios de los terrenos irregularmente expropiados, multiplicados por los años transcurridos. Total, 54 millones de euros, en números redondos, que el Ayun­tamiento deberá pagar a la familia Zamora si su anunciado recurso al Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJ no prospera.
Todo lo narrado hasta ahora, en palabras fácilmente comprensibles y huyendo de los términos legales, era y es conocido por todos; al menos, para los lectores de este semanario, que desde el principio ha querido ser fiel a la verdad, informando con rigor y permaneciendo al margen de quienes han tratado de simplificar tan grave asunto -el propio alcalde, José Francisco Rivas, admitió su gravedad compareciendo ante los medios de comunicación para dar a conocer la sentencia del TSJ y manifestando que, de tener que pagar la indemnización fijada en la misma “Talavera no sólo quedaría asfixiada sino colapsada”- como la consecuencia de una sentencia judicial ‘caprichosa’ y ‘ajena’ a la realidad, por citar los comentarios más livianos que la sentencia y sus autores han recibido de algunos próceres políticos y sus interesados aduladores de siempre... que están en el poder.
No ha sido nuestro caso, permítanme insistir en la cuestión, porque desde el principio estimamos que la clave de la sentencia del TSJ estaba precisamente en la situación ilegal que el propio Ayun­tamiento había generado, al menos según el propio Tri­bunal, al iniciar un expediente de expropiación sin la consiguiente y, al parecer, preceptiva consignación presupuestaria con la que poder pagar el bien expropiado; en este caso, un solar urbano, con un importante volumen de edificabilidad autorizado, que el Avance del Plan General de Ordenación Urbana destinó a equipamiento público y cuyo valor de mercado podría ser objeto de pleito entre propietarios y Administración, pero que nunca habría alcanzado el valor de 54 millones de euros de no haber sido por el error que, siempre según la sentencia del TSJ, el Ayuntamiento de Talavera cometió.
Un olvido increible y, según mi opinión personal, la de un profano, impropio de un Ayuntamiento de la categoría y el potencial del talaverano; tan impropio de la institución como de sus administradores y gestores. Y quizás teníamos razón: puede que no haya habido tal error, sino un acto voluntario quizás no medido ni bien valorado; al me­nos según los documentos que obran en el sumario del procedimiento judicial que ha dado lugar a la sentencia condenatoria para el Ayuntamiento y a los que ha tenido acceso este semanario. Con­cretamente, dos de ellos: uno, fechado el 13 de julio de 2005, por el que la representación legal de Ucota se dirige a la Sala de lo Contencioso Administrativo del citado Tribunal Superior castellano-manchego advirtiendo que el expediente no está completo porque falta en el mismo el informe del Interventor del Ayuntamiento talaverano en respuesta a un escrito, fechado el 22 de junio de 2004, en el que el Oficial Mayor le pide al citado Interventor municipal “informe acerca de la existencia de consignación presupuestaria” para llevar a cabo la expropiación del solar de la polémica; y el otro, de fecha 10 de agosto del mismo año, en el que el alcalde accidental, con firma ilegible, responde al Tribunal Superior de Justicia que “no existe el informe del Interventor a que se refiere el escrito del 22-06-04 por lo que el expediente completo es el que obra en poder de este Tribunal”.
O sea que, si cualquier otro documento no prueba lo contrario, el Ayuntamiento de Talavera, y con él sus responsables políticos y técnico-jurídicos, sabía que había iniciado el expediente expropiatorio sin la consignación presupuestaria que es preceptiva y necesaria, al menos según la doctrina del citado TSJ; el Oficial Mayor, cumpliendo con su deber, se dirigió al interventor por escrito fechado el citado 22 de junio de 2004 y que decía textualmente lo siguiente: “Habiéndose iniciado expediente de expropiación forzosa del solar sito en Av. de Fran­cisco Aguirre c/v calle Segurilla para creación de zona verde, se solicita informe acerca de la existencia de consignacón presupuestaria. A tal efecto le pongo de manifiesto que habiendo sido efectuada valoración por el Servicio de Urbanismo, ésta asciende a 2.275.726,80 Euros”. Y así queda reflejado tanto en el expediente municipal y en el sumario del procedimiento judicial como en el documento que don Manuel Cuartero Peinado, procurador de Ucota, dirige al TSJ el 17 de julio de 2005 solicitando el documento con el que el señor Interventor del Ayuntamiento de Talavera debería haber respondido a la comunicación interrogante de su Oficial Mayor, con la suerte que ya se ha dicho: es el alcalde accidental que actúa el 10 de agosto de 2005 el que responde que no existe tal respuesta.
A la vista de todo ello y al margen de otras cuestiones que sin duda aparecerán en las próximas semanas, la conclusión a la que se puede llegar a la vista de estos dos documentos que LA Voz de Talavera ha rescatado del sumario judicial y del expediente administrativo expropiatorio para darlo a conocer ahora a sus lectores es obvia:
1.- El Oficial Mayor del Ayuntamiento de Talavera conocía la Ley y era consciente de que el inicio del expediente expropiatorio requería contar con la preceptiva consignación presupuestaria, que en este caso, según las valoraciones realizadas por los técnicos municipales y a falta de acuerdo en­tre las partes o, en su caso, sentencia judicial en firme, debía ser de 2.275.726,80 euros.
2.- Que también el Interventor debería conocer tal necesidad legal de la consignación, puesto que así se lo informó el Oficial Ma­yor por el documento a que hemos hecho mención y que, para mayor claridad y transparencia informativa, ofrecemos escaneado en una de las imágenes que ilustran estas pá­ginas.
Dándose tales circunstancias, ¿es muy aventurado pensar que, si el Oficial Ma­yor se dirige al In­terventor solicitando esa información y no recibe respuesta al­guna, aquél comentaría la situación con el propio Interventor y/o, en su caso, algún responsable político del Gobierno Mu­ni­ci­pal? ¿Y no es sorprendente que ni unos ni otros tomen cartas en el asunto an­tes de dar vía libre al expediente de expropiación del solar sin tener la citada consignación presupuestaria? ¿Pue­de, en fin, haber ‘desaparecido’ vo­luntariamente el documen­to que se echa en falta para evitar posibles consecuencias, quizás incluso más graves que la propia sentencia condenatoria para el Ayuntamiento, para terceras personas que podrían verse directamente afectadas?
Obviamente, los talaveranos tenemos derecho a saber qué ha pasado y cuáles son las respuestas a estas trascendentales cuestiones; en aras de la claridad y la transparencia que ha de presidir toda la gestión pública en general y, muy en particular, aquella que, como es el ca­so, ha tenido como consecuencia un importante perjuicio para la colectividad por, al parecer y según sentencia ju­dicial, una omisión que hasta ahora es tan inexplicable como inexplicada. El Gobierno Munici­pal ha anunciado que recurrirá la sentencia del TSJ ante el propio Tribunal Su­pre­mo. Va­le. Bien; pero, mientras el Su­premo dictamina y al margen de ello, queremos saber si hubo error, de quién fue y por qué estamos metidos en es­to. No dudamos que habrá una explicación lógica a las cuestiones que a­quí se plantean. Que las dé quien tenga que hacerlo.

Lumbreras asegura que Zamora llegó a varios acuerdos por el solar que luego revocó
Tras varias semanas de calma, a lo largo de la pasada semana se reavivó el desencuentro entre el Gobierno Municipal y los responsables de la em­presa Ucota. La polémica ha alcanzado especial virulencia a cuenta de si en estos momentos el Ayuntamiento puede entablar una negociación con la antigua propietaria del solar del parque de Los Tres Olilvos e intentar alcanzar un acuerdo que evite la resolución del Tribunal Supremo.
Como hiciera el alcalde a comienzos de año, nuevamente el portavoz municipal Tirso Lum­breras, ha asegurado que “sentarnos ahora a negociar de espalda a los tribunales es ilegal, pero de ahí no se puede llegar a la conclusión de que el Ayuntamiento no puede negociar porque es ilegal, pues hemos negociado con infinidad de gente y que casualidad que con todos hemos llegado a acuerdos menos con éstos”.
Esgrimiendo la legislación en la materia, Lum­breras recuerda que en su momento se mantuvieron conversaciones con los responsables de la empresa, pero al no alcanzarse un acuerdo y pasar el asunto los tribunales “a las Administraciones Públicas no les está permitido negociar y transaccionar”.
No obstante, el portavoz si abre una puerta para desbloquear éste y otros posibles casos similares. Según éste, “si Ucota le plantea al Ayuntamiento una propuesta, el Ayuntamiento la acogerá, la examinará, la someterá a informe jurídico y si ese informe dice que está ajustada a la legalidad, solicitará la autorización del tribunal y hará lo que corresponda”.
En todo caso Tirso Lumbreras queda patente que desde un inicio existió la voluntad de alcanzar una solución dialogada y para ello en el inicio del expediente de expropiación se llamó a los responsables de Ucota y éstos acudieron para hablar del tema. “Y hemos llegado a acuerdos y se han ido con la voluntad del acuerdo, y al día siguiente alguien ha venido y ha dicho “...es que mi padre dice que no está de acuerdo porque quiere más”. Y nos volvemos a sentar a negociar; y cuando se llega a un principio de acuerdo al día siguiente vengo y quiero más. Y ante esa situación llegó un momento en el que el Ayuntamiento dijo no es posible, que sean los tribunales los que decidan”.

El gerente de Ucota replica que la versión municipal “es falsa”
Conocidas las explicaciones dadas por el portavoz del Gobierno Municipal, el gerente de Ucota, Jesús Zamora, ha replicado que la versión dada porTirso Lumbreras es falsa y que “en absoluto responde a la verdad”. Zamora niega que se llegara a ningún acuerdo con los representantes municipales “y mucho menos que al día siguiente volviéramos escudándonos en mi padre”. “Por amor de Dios, ya somos mayorcitos para andar con esas historias” señala al respecto el representante legal de Ucota, para quien las palabras de Lumbreras como portavoz del Gobierno Municipal carecen de verdad y de sentido y sólo pueden obedecer “al resquemor porque el TSJ nos ha dado la razón”.