Ciudad
Las pruebas documentales relacionadas con el ‘caso Ucota’ aportadas y desveladas, en rigurosa primicia, por el director de La Voz de Talavera -Pedro Ángel Rosado- en el número anterior de este semanario han levantado la lógica y previsible polvareda en el espectro social, político y periodístico de la ciudad. En su habitual ‘A viva Voz’, Rosado sacaba por primera vez a la luz pública los documentos oficiales que respaldan y corroboran la tesis mantenida por este periódico desde que se hizo pública la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha condena al Ayuntamiento de Talavera al pago de 54 millones de euros a la sociedad Ucota S.A por la ilegalidad del procedimiento de expropiación de un solar situado en la rotonda de Los Tres Olivos, hoy convertido en parque público y entonces propiedad de la familia Zamora.
Más que en la mayor o menor proporcionalidad de la cuantía del pago a Ucota fijado por el TSJ, principal e interesado argumento de cuantos han obviado el verdadero fondo del asunto, este semanario siempre ha defendido la postura de que la ciudadanía talaverana debía ser informada sobre quién había cometido el grave error en el que el citado tribunal fundamenta su sentencia condenatoria: la ausencia en el expediente de la preceptiva consignación presupuestaria para pagar el solar expropiado, el auténtico meollo de este pleito.
Absolutamente nadie dijo o aportó algo al respecto, hasta que La Voz de Talavera desvelaba en su número 788 la existencia de dos documentos claves en el sumario de este procedimiento judicial: el escrito que los representantes legales de Ucota dirigen al TSJ advirtiendo que el expediente está incompleto por carecer del informe del Interventor del Ayuntamiento de Talavera sobre la existencia de consignación presupuestaria para llevar a cabo la expropiación, informe previamente solicitado al citado Interventor por el Oficial Mayor del Consistorio talaverano; y, por otra parte, el escrito por el que el alcalde accidental, con firma ilegible, responde al tribunal regional que ”no existe” tal informe del Interventor, por lo que el expediente completo es el que “obra en poder” del citado tribunal.
Esta novedosa información aportada por este semanario, que revela que el Ayuntamiento era consciente de la grave y posteriormente gravosa carencia documental del expediente de expropiación del solar de la polémica, ha sido utilizada por el portavoz del Grupo Municipal Popular, Gonzalo Lago, para realizar una serie de consideraciones públicas respecto al ‘caso Ucota’, que han tenido amplio eco informativo e inmediata respuesta por parte del portavoz del equipo de Gobierno Municipal, Tirso Lumbreras, y del propio alcalde de la ciudad, José Francisco Rivas.
En la nota hecha pública al respecto por el PP de Talavera, en la que se incluyen dos aseveraciones -”como Lago ya hizo público en el mes de diciembre...” y “por el expediente sabemos...”- de las que curiosamente no se ha tenido constancia pública o publicada hasta la aparición en este semanario de la información que el portavoz popular está utilizando y difundiendo, Lago hace un ajustado resumen de las consideraciones esgrimidas por el director de La Voz de Talavera, para concluir en que “Rivas tomó la decisión política de llevar a cabo un Decreto de Alcaldía que pudiera sustituir dicho informe (el inexistente del Interventor), de ahí que el alcalde y su equipo de Gobierno sean los responsables de este entuerto que pone en peligro a nuestro Ayuntamiento”. Por ello, el portavoz popular considera que “no hay que echar la culpa de estos despropósitos a los intermediarios o determinados técnicos, sino a aquél que tomó la decisión política de hacerlo por una vía que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dicho que es ilegal”.
Lago también acusa a Rivas de practicar una “política de oscurantismo y de falta de información para con los talaveranos”, argumentando esta afirmación en el hecho de que “a día de hoy el Grupo Municipal Popular desconoce lo que se va a plantear en el recurso de casación ante el TSJ, porque seguimos sin tener ninguna información al respecto por parte del Ayuntamiento y deberíamos dar nuestra opinión, al igual que los talaveranos, en cuanto a si el recurso debería seguir”. Lago, finalmente, aventura que “a este paso, si seguimos así, perderemos el coche del Alcalde de 50.000 euros, el sillón de la Alcaldía y hasta el propio Ayuntamiento, si Rivas sigue llevando la contraria a los tribunales”.
Estas manifestaciones de Lago han sido contestadas tanto por el portavoz del equipo de Gobierno -Tirso Lumbreras- como por el propio alcalde, José Francisco Rivas, ambos bajo la misma línea argumental: la dispar interpretación que puede tener la sentencia del tribunal regional y el ofrecimiento a los medios de comunicación para acceder tanto al expediente de expropiación como al contenido del recurso que se presentará esta misma semana ante el Tribunal Supremo.
Lumbreras asegura que “Lago no se entera, a pesar de llevar seis meses viendo el expediente”, añadiendo que “si Lago pretende enredar y ensuciar las cosas para sacar ventaja política, allá él; pero no compartimos sus afirmaciones porque es absurdo lo que plantea”.
Rivas, por su parte, abunda en el tema al manifestar que “a Lago le importa un pito lo que le expliquen los técnicos, porque él sólo se encarga de sacar las conclusiones para condenar”. Rivas sigue aferrado a la idea de que la esencia del ‘caso Ucota’ radica en que “es desproporcionado que 2.600 metros cuadrados valgan nueve mil millones de pesetas”.
Esta semana se presentará el recurso, a pesar de la Oposición
Son muchas las acusaciones que a lo largo de la semana pasada se han cruzado equipo de gobierno y oposición respecto a la conveniencia, o no, de presentar el recurso de casación ante el Tribunal supremo que el Ayuntamiento hará efectivo esta misma semana, según fuentes municipales.
El fuego lo abrió la concejala popular María de los Ángeles Núñez, al abogar abiertamente por “la negociación con la empresa y el actamiento de la sentencia”, en detrimento de la presentación del recurso, siendo contestada y descalificada por Tirso Lumbreras, quien manifestó que lo planteado por Núñez es “absurdo desde el punto de vista técnico, jurídico y político”. Lumbreras, asimismo, preguntaba públicamente: ¿Es que tenemos que asumir todas las sentencias automáticamente? ¿Es la primera vez que el Tribunal Supremo revoca la sentencia de otra Sala?, cuestionando de paso la legalidad de la sentencia del TSJ al afirmar que “la sentencia no se ajusta a Derecho y será el Tribunal Supremo y no el señor Lago quien decida al respecto”.
El propio Lago, por su parte, considera que “es un error abandonar la negociación con Ucota” y manifiesta que Rivas le contestó en el Pleno “con medias verdades” y que no negocia con la empresa porque “tendría que reconocer errores y acatar la sentencia”. Rivas, por otra parte, no quiere entrar “en cuestiones del proceso judicial” hasta que se presente el recurso y dé explicaciones “tanto a la oposición como a la opinión pública”.
Todo lo que Lago quiere saber y se atreve a preguntar
Al hilo de la información publicada en primicia y en rigurosa exclusiva por La Voz de Talavera respecto a la existencia de sendos escritos del Oficial Mayor del Ayuntamiento y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en los que se evidenciaba la falta de la preceptiva y necesaria consignación presupuestaria en el expediente de expropiación del solar de Los Tres Olivos a Ucota SA, el portavoz municipal del PP planteó a Rivas en el último Pleno consistorial las siguientes preguntas relacionadas con el ‘caso Ucota’:
1. ¿Es cierto que ha habido un concejal que asesoró a la empresa expropiada mientras ostentaba el cargo de concejal?. Si esto es cierto, queremos saber quién es.
2. ¿Va a informar usted al Grupo Municipal Popular de los fundamentos en que se sustentará el recurso de casación que se presentará ante el Tribunal Supremo?
3. ¿A cuánto asciende el montante económico, a día de hoy, por el juicio perdido del caso Ucota? ¿Cuáles han sido los honorarios del gabinete de abogados que llevó el caso hasta que se perdió en el TSJ de Castilla-La Mancha?
4. ¿Por qué usted, señor alcalde, no pidió de nuevo un informe del interventor para saber si había consignación presupuestaria para llevar a cabo la expropiación, antes de llevar a cabo el Decreto de Alcaldía?
5. ¿A cuánto asciende la provisión de fondos para presentar el recurso? Y si es que se ha hecho, ¿de qué partida presupuestaria se ha detraído?