Caso ucota: seguimos queriendo saber

Estamos como estábamos; o peor. Las relevalaciones realizadas la semana pasada en estas mismas páginas respecto a la existencia de va­­rios documentos comprometedores para la credibilidad del Gobierno Municipal y la pu­blicación de los mismos como prueba de que al menos algunos concejales de la absoluta confianza del alcalde conocían los de­fectos y carencias del expediente expropietario del solar de Ucota en la zona del Gitanillo, entre ellas la falta de la preceptiva consignación presupuestaria para hacer frente a la expropiación, no han tenido ni obtenido más respuesta por parte de José Francisco Rivas que el argumento ya conocido: “la esencia del caso es que es desproporcionado que 2.600 metros cua­dra­dos valgan nueve mil mi­llones de pesetas”. Y tal argumento, dicho con todos los respetos a nuestra máxima autoridad, no es de recibo.

Y no lo es porque bien es sabido que no hay que confundir valor y precio y porque, y esto es lo más im­portante por mucho que algunos quieran desviar la atención a otras cuestiones menos trascendentes, lo que seguimos queriendo saber los talaveranos es quién ha sido el responsable de que la expropiación del solar de Ucota para hacer un parque público se iniciara sin la preceptiva consignación presupuestaria, cuestión que al fin y a la postre ha sido determinate para que el TSJ haya anulado el procedimiento con los graves resultados y lamentables consecuencias que tal anulación ha supuesto para el Ayuntamiento y, con él, para todos los vecinos de Talavera, obligados a pagar tal error al precio de 9.000 millones de pesetas, esa cifra que Rivas achaca al valor de los terrenos y que en realidad es el precio de la ‘chapuza’.

Podemos entender e incluso comprender que hasta aho­ra el señor alcalde ha­ya tratado de minimizar la cuestión del defecto legal en la tramitación del expediente con su particular interpretación de la sentencia del TSJ y poniendo el foco en los 54 millones de euros en que ha cifrado el al­to tribunal la suma total del valor de los terrenos expropiados, la sanción por su ocupación pese a la fallida ex­pro­piación y los intereses por el tiempo transcurrido sin indemnizar a la propiedad de los terrenos del parque, que ha resultado ser el más caro del mundo; pero ya no cabe tal comprensión una vez que este semanario ha destapado el asunto y ha publicado los documentos que prueban que de ninguna manera fue un error involuntario sino -y siempre en el hipotético caso de que pudiera hablarse de error- voluntario y consentido.

Un ‘error’ que el propio portavoz del Gobierno Muni­ci­pal, Tirso Lumbreras, ha acabado reconociendo a este se­manario en declaraciones realizadas al filo del cierre de la presente edición. “Sí, efectivamente, aunque no conozco en profundidad este tema, ha podido haber un error en el procedimiento de expropiación a Ucota. De hecho, pa­rece que lo ha habido, pero no invalidante ni perjudicial para nadie y, en cuanto a la responsabilidad del mis­mo, aunque el político tiene obligación de controlar todo el proceso también es verdad que siempre se presume que el asesoramiento que recibe por parte de los técnicos es el adecuado y que objetivamente no tiene elementos para ha­cer el seguimiento de toda la tramitación de un expediente como éste, en el que además se habían llevado a cabo negociaciones tendentes a pagar la expropiación con una permuta de terrenos y no en metálico”. De todas maneras, advierte el portavoz del Gobierno Municipal, “la sentencia del TSJ no es firme, porque la vamos a recurrir ante el Su­premo, y si hemos llegado a este punto no ha sido por un problema de procedimiento, sino por el afán desmedido de unos señores en pretender un precio desorbitado por su solar”.

O sea que, al final, vuelta la burra al trigo. ¿Cómo se puede culpar a un vecino de que defienda su propiedad privada y que, en ejercicio de sus derechos, pretenda que se aprecie y valore lo más caro posible lo que es suyo? Además, el justiprecio en una expropiación depende del acuerdo entre las partes o, en su caso, del fallo del tribunal correspondiente. Pero es que ése no es el asunto que nos ha llevado a la actual situación de tan multimillonaria ‘sanción’, sino la chapucera actuación de quienes tenían la obligación de hacer las cosas bien, según manda la Ley. Y de esas responsabilidades hablamos; que los jue­ces ya lo han hecho y precisamente no muy bien de nuestros técnicos municipales ni de los políticos que han tenido arte y parte en este asunto.

De ahí que, con la sentencia del TSJ en una mano y el anterior número de LA VOZ de Talavera en la otra, sigamos pidiendo explicaciones a quien las puede dar. Y si no puede o no las tiene para explicar lo que parece inexplicable, a qué se espera pa­ra abrir un expediente informativo que resuelva to­das las interrogantes y determine exactamente qué pasó y quién es el responsable de este disparate, este desatino, este despropósito, este de­saguisado, este desvarío, este estropicio, esta... ¡Chapuza!