Según Magán, el auto que pretende inhabilitar (entre 10 y 20 años está tipificado) al juez “viene a decir que Garzón se ha inventado el procedimiento y prevarica porque ignora la prescrición de las muertes y la Ley de Amnistia de 1977, aunque también reconoce los fines loables que busca. Para Magán la prescripción no se sustenta porque a efectos legales “esas personas siguen vivas” y sin figurar en ningún registro, y en cuanto a la ley de Amnistia entiende que fue una ley “circunstancial para convocar elecciones”.

Por ello, él y otros juristas, han pedido amparo al Consti­tucional recusando a los magistrados del caso por su “mentalidad franquista y haberse mostrado en contra de la Ley de Me­moria Histórica”.

Y es que para Magán los poderes del Estado “están contaminados, porque no es lógico que no se admitan pruebas en una ins­trucción; que los que admiten la querella, la instruyen y se ocupan del juicio sean los mismos”.

De momento habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre esa recusación o a la reunión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del próximo 22 de abril donde Gar­zón podría ser apartado de la judicatura si finalmente se entiende que existe causa para que haya juicio contra él.

Por último, Fernando Magán manifestaba a este semanario que en la Ley de Memoria His­tórica habría que crear un juzgado central que se ocupara a nivel nacional de toda la investigación y “que se dejen de privatizar bajo subcontratas un asunto tan la­men­table y tan doloroso”.