La OID pedirá apoyo a los partidos políticos para "acabar con el actual monopolio" del juego

Jueves 27 de Agosto de 2015, 17:14 horas.

La Organización Impulsora del Discapacitado (OID), con sede social en Talavera, va a pedir a los partidos políticos su apoyo para instar al Gobierno a la reforma de la actual Ley del Juego y acabar con el monopolio existente en la actualidad en este apartado.

Así lo ha comunicado la propia Organización promotora del Euroboleto en una nota de prensa en la que señala que, "tras realizar las gestiones pertinentes ante la Dirección General de Ordenación del Juego (Ministerio de Hacienda) y los ministros de Sanidad e Igualdad y de Empleo y Seguridad Social, la OID inicia contactos con todos los partidos políticos para lograr la reforma de la Ley del Juego de 2011, hecha a medida de la ONCE y que facilita la desigualdad entre discapacitados".

Como se sabe, la actual Ley del Juego de 2011 sólo autoriza las loterías en España al Estado y a la ONCE, aunque nada impide al Estado designar a otros operadores para la comercialización de juegos que se desarrollen por entidades sin fines lucrativos y con finalidad benéfica.

"Sin embargo -advierte la OID- la Administración niega, de modo sistemático, la entrada a otros operadores no otorgándoles el título habilitante que requiere la ley. En el caso de la Organización Impulsora de Discapacitados lleva solicitando la oportuna autorización administrativa desde sus inicios, encontrándose la última solicitud en vía Contencioso-administrativa".

Dionisio González Otero, presidente de la OID, asegura al respecto que “esta ley que reafirma el monopolio del Estado y de la ONCE es contraria a los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de muchos jueces españoles".

SITUACIÓN ANTICONSTITUCIONAL

Para el presidente de la Organización Impulsora del Discapacitado, "la legislación del juego en España consolida un monopolio que conculca varios artículos de la Constitución Española (los arts. 7, 9.2, 9.3, 14, 35, 66.2, 81 y 134 entre otros) y contradice la normativa europea (Tratado de Roma y jurisprudencia al respecto) que prohíbe todo monopolio, salvo por razones de ”excepción” (salud pública, incitación a gastos de juego excesivos, etc.…), que en España no se dan; y con los requisitos de no discriminar y de no publicitar aquello que se prohíbe a otros (algo que el Estado tampoco cumple). Estos extremos fueron ya advertidos por la Audiencia Nacional en un Auto del 20 de abril de 1999".

Por todo ello, la OID considera, y así lo defiende en los tribunales, que la normativa española reguladora del juego es nula de pleno derecho, ya que las leyes europeas son de rango superior a las de los estados miembrose igualmente aplicables en todos ellos que las normas de cada país, y así se lo va a exponer a los representantes de todos los partidos políticos con los que se entreviste y a los que pedirá su apoyo.