Miércoles 6 de Diciembre de 2017.
Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Art. 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
Imagino a los padres de la Constitución, a esos “siete magníficos” que en momentos convulsos y difíciles fueron capaces de crear un texto destinado a ordenar la convivencia durante décadas, revisando lo que se ha hecho con alguno de los artículos que, en principio, eran fundamentales, y como tal estaban recogidos en la primera parte de la Ley de Leyes.
Unas líneas más abajo, otro derecho irrenunciable, la distribución equitativa de la renta, a nivel global y personal.
Ahora que nos estamos planteando en serio, al menos desde una parte de la política, la reforma constitucional, después de casi cuarenta años de vigencia, con sus luces y sus sombras, es momento de pensar qué hemos hecho, entre reformas laborales, ninguneo a los sindicatos y relaciones más que estrechas con las grandes empresas, empeñadas en seguir aumentando sus cuentas y poco dadas a la solidaridad.
Hemos borrado de un plumazo los artículos 35 y 40 y hemos sustituido derecho al trabajo digno por precariedad y distribución equitativa de la renta, por desigualdad
Hace más de 200 años, la Constitución de 1812, salida de las Cortes de Cádiz, ya dedicaba todo un capítulo a este tema, que suponía una ruptura con situaciones anteriores de fuerte desigualdad en el reparto de cargas tributarias y otros privilegios que históricamente habían mantenido ciertos grupos e instituciones.
Andando el tiempo, podemos decir que uno de los mayores fracasos económicos y sociales de nuestro país, cuando sólo oímos hablar del PIB, es que atendiendo a la distribución de las rentas obtenidas por la población en este proceso de “enriquecimiento nacional” se ha producido un incremento de la desigualdad; es decir, una menor parte de la población posee más renta.
Son inadmisibles las cifras de trabajadores pobres, los bajísimos salarios que están enriqueciendo a unos cuantos, mientras el resto no llega ni a la mitad de mes. Se nos ha olvidado que la Constitución habla de “remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”.
Y sí, hay muchas cosas que reformar en el texto Constitucional. Muchas cosas urgentes, pero sin olvidar nunca las importantes.
Si (
No(
