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Tres recursos de alzada más quedan aún pendientes

Interior revoca las multas a siete manifestantes antirecortes

Satisfacción parcial entre los implicados
Satisfacción parcial entre los implicados
Por La Voz de Talavera
jueves 31 de julio de 2014, 11:22h


El Ministerio del Interior ha estimado favorablemente siete de los diez recursos de alzada interpuestos por otros tantos integrantes de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales de Talavera que fueron sancionados en su día por la Delegación del Gobierno en la región, con multas que oscilaban entre 300 y 600 euros, por manifestarse contra los recortes sociales aplicados por los gobiernos central y autonómico.

En su fallo,la Directora Generalde Política Interior revoca las resoluciones por las que la Delegación del Gobierno imponía las multas recurridas, que ahora quedan sin efecto, bajo el argumento jurídico de que es “requisito exigible” que las denuncias sean formuladas por “un agente de la autoridad que haya observado o apreciado directamente el hecho que denuncia, no pudiendo ser en ningún caso sustituido por informes o denuncias de superiores jerárquicos”. Un defecto probatorio que el Ministerio del Interior no considera subsanado por el informe en el que el Comisario Jefe de Talavera ratificaba que los denunciados fueron identificados por agentes policiales, ya que “los referidos funcionarios no constan como denunciantes”.

Por ello, el fallo ministerial concluye que “no existe prueba de cargo suficiente del hecho sancionado, lo que necesariamente comporta la procedencia de estimar el recurso interpuesto contra la resolución sancionadora, que queda revocada”. Este fallo absolutorio afecta a siete de los diez recursos de alzada presentados, la mayoría padres de alumnos y profesores,  quedando todavía sin resolver los presentados por la dirigente de IU Sonsoles Arnao; el portavoz del sindicatos de estudiantes, J. Antonio Valverde; y un miembro de la asamblea de profesores de nombre Pablo, lo que para el abogado y vicecoordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, resulta “sospechoso”.

La propia Arnaoresumió en rueda de prensa la secuencia de unos hechos que comenzaron con la tramitación de las multas por parte de la Subdelegación del Gobierno en la provincia y la ratificación de las mismas por la Delegación del Gobierno en la región, desestimando la petición de archivo de las mismas por parte de los afectados, y continuaron con los mencionados recursos de alzada al Ministerio del Interior y, ante la tardanza de respuesta a los mismos, la demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo planteada por los sancionados el pasado 5 de diciembre, cuya tramitación ha coincidido con el fallo ministerial aquí detallado.

 

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