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Tras la sentencia del TSJ  y por la mediación del CSIF

Los profesores de Religión recuperarán toda la paga extra de Navidad 2012

La resolución judicial afecta a 900 docentes

Por La Voz de Talavera
jueves 31 de julio de 2014, 11:22h

Lunes, 24 de marzo de 2014, 14:05 horas.

Los profesores de Religión de Castilla-La Mancha, que suman alrededor de 900 trabajadores, entre colegios e institutos, van a recuperar, gracias a la acción judicial de CSIF, la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012, en total 44 días, que vienen a representar una cuarta parte de la paga aproximadamente. 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ha estimado positivamente la demanda de conflicto colectivo interpuesto por la representación legal de la Unión Autonómica de CSIF contra la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al reconocer el derecho de los profesores de religión a percibir la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, correspondiente al período del 1 de junio al 14 de julio de 2012.

La sentencia dictada por el TSJCLM obliga a la JCCM a devolver la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012, suprimida por la Ley 20/2012 de 14 de julio, a todos los profesores de religión.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo de los empleados públicos, viene solicitando reiteradamente a la JCCM que “acate de una vez por todas las  sentencias que le son desfavorables por la aplicación de la ley en que se suprime la paga extra de diciembre de 2012, y que la haga extensiva a todos los empleados públicos de la JCCM, incluidos funcionarios y estatutarios, tal y como ya lo han aprobado los gobiernos de Extremadura, Castilla y León y Canarias”.

Además, CSIF solicita  que la Junta “deje de invertir el dinero público en recurrir todas estas sentencias judiciales de manera sistemática y con fines dilatorios, y lo destine a devolver a los empleados públicos lo que les corresponde por ley y por mandato judicial”.

           

 

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