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El interventor, no obstante, vincula los efectos de la misma al fallo final de la reclamación de Apovata

Los informes municipales determinan que la sentencia del Supremo sobre el IBI de terrenos urbanizables “no afecta a Talavera”

Pérez Abarca (i) y Ameiro (d), junto a Lago, durante el Pleno Extraordinario del mes de julio
Pérez Abarca (i) y Ameiro (d), junto a Lago, durante el Pleno Extraordinario del mes de julio

Miércoles 30 de julio de 2014, 22:08 horas.

A pesar de que el propio concejal de Economía y Hacienda , Arturo Castillo, calificó en su día de “justa y acorde con el pensamiento del Gobierno municipal de Talavera” la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura declara ilegal el cobro del IBI de naturaleza urbana a los propietarios de los solares rústicos que se hayan declarado urbanizables sin que se haya realizado en los mismos ningún plan parcial ni se haya construido dotación alguna, tanto el interventor como el secretario general del Consistorio talaverano han determinado en sendos informes, a los que esta redacción ha tenido acceso, que dicha sentencia “en nada afecta a Talavera”.

El secretario general, Antonio López Abarca, argumenta en su informe que al desestimar el Tribunal Supremo el recurso de casación en interés de Ley interpuesto por la abogacía del Estado y la Dirección General de Catastro contra la sentencia del TSJ extremeño, “no se ha fijado doctrina legal sobre este asunto, por lo que queda a la libre interpretación de los jueces y tribunales que tengan que resolver los litigios que ante ellos se puedan plantear”, sin que la interpretación del alto tribunal extremeño sea vinculante.

Por ello, López Abarca concluye en que “la situación del suelo urbanizable, como clase de suelo, en el vigente Plan de Ordenación Municipal es una situación jurídica que en nada resulta afectada por la sentencia en interés de Ley del Supremo”.

El interventor municipal, José Carlos Ameiro, reconoce por su parte en su informe que la sentencia del TSJ de Extremadura ratificada por el Supremo supone un “cambio sustancial” en la interpretación mantenida hasta la fecha tanto por la Dirección General de Catastro como por el Ministerio de Hacienda en el tratamiento impositivo de los terrenos urbanizables, aunque limita los efectos de la misma a “los actores” del litigio de 300 propietarios de terrenos urbanizables contra el Ayuntamiento de Badajoz.

A pesar de ello, Ameiro apunta que los efectos de la sentencia en el Ayuntamiento de Talavera “podrán determinarse, en la medida que resulte el fallo de la reclamación económico-administrativa interpuesta por la asociación Apovata contra la Ponencia de valores a aplicar, con efectos de 1 de enero de 2013, en Talavera”.

Hasta que no se produzca ese fallo, el interventor considera que “no cabría reconocer efectos ni presentes ni retroactivos en el pronunciamiento del Supremo, por tratarse de actos liquidatorios del IBI 2013 y 2014 respecto de los que cabe presumir su presunción de legalidad, en los términos de la vigente Ley General Tributaria”.

No obstante, el Ameiro también hace constar en su informe que “se han presentado ante esta administración municipal un total de 74 reclamaciones por otras tantos sujetos pasivos que, considerándose afectados por el pronunciamiento judicial al que se alude, solicitan su exclusión del censo de contribuyentes por el IBI de naturaleza urbana”.

Asimismo, especifica que la cuantía afectada por la cuota tributaria del IBI aplicada a los terrenos urbanizables de Talavera alcanzó en 2013 la cifra de 712.899 euros, mientras que en 2014 ha sido de 450.019 euros, tras la aplicación de las bonificaciones municipales que algunos casos han llegado al 75 por ciento. Cantidades que, de haberse hecho efectiva la sentencia del Tribunal Supremo, el Consistorio talaverano se habría viso obligado a devolver a los afectados.

A todo este respecto y de manera un tanto paradójica a lo aquí narrado, hay que recordar que el equipo de Gobierno presentará en el pleno de este mismo jueves, 31 de julio, sendas propuestas para solicitar la revisión de la actual Ponencia de valores de los inmuebles talaveranos e iniciar la modificación del POM.

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