Castillo 'minimiza' la repercusión en las arcas municipales de la sentencia que anula IBI y Plusvalía en solares urbanizables

Viernes 28 de Julio de 2017.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Talavera, Arturo Castillo, ha manifestado que la aplicación de la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la declaración de bien urbano a efectos fiscales de los terrenos que según el POM son urbanizables y en los que no se haya aprobado ningún desarrollo urbanístico tendrá efectos "mínimos" en las arcas municipales. Para Castillo, la sentencia es un "varapalo' para la Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores (Apovata), que solicitó la anulación de la Ponencia de Valores y la Audiencia lo ha desestimado.

Castillo ha hecho estas declaraciones tras conocer -"por los medios de comunicación, porque al Ayuntamiento no ha llegado"- la sentencia de la Audiencia Nacional que, como adelantó ayer La Voz de Talavera, estima parcialmente la demanda realizada por Apovata en ese sentido y anula la declaración de bien urbano a efectos fiscales de los terrenos que según el POM son urbanizables y en los que no se haya aprobado ningún desarrollo urbanístico y que, por lo tanto, deben ser considerados rústicos.

DERECHO A DEVOLUCIÓN DE COBROS INDEBIDOS

La consecuencia de esta sentencia, según Apovata, es "la desaparición del impuesto de Plusvalía de prácticamente todos los terrenos clasificados como urbanizables" y que "a partir de este momento, salvo limitadísimas excepciones, los terrenos urbanizables será clasificados a efectos IBI como rústicos", con lo cual los propietarios de terrenos urbanizables que haya pagado plusvalías por los mismos a partir de 2012 o que hayan pagado IBI como urbano en algún ejercicio desde 2013 podrán pedir la devolución de los correspondientes importes, que se les han cobrado indebidamente.

Ante tal situación, Castillo ha explicado que en los años 2013 y 2014, anteriores a la modificación de la ley nacional del año 2015, el Ayuntamiento de Talavera ya utilizó una herramienta de bonificaciones de los recibos del IBI de hasta el 90 por ciento, por lo que si se tuviera que devolver algo en función de la sentencia de la Audiencia Nacional "sería mínimo". Y, en cuanto a las plusvalías, según Castillo, el impacto sería incluso menor, dado que apenas ha habido transmisiones en esos años.

'VARAPALO' A APOVATA

Al margen de esa "escasa incidencia" de la sentencia de la Audiencia Nacional en lo que respecta a la anulación de la calificación como urbanos a efectos fiscales de los terrenos rústicos urbanizables, Castillo pone especial éfasis en señalar que la sentencia "es un varapalo para Apovata, porque ratifica que la Ponencia de Valores catastrales realizada en 2013 por el catastro de Toledo, que depende del Ministerio de Hacienda, está bien hecha" y, por lo tanto, en este aspecto no da la razón a Apovata, que pedía la nulidad de la ponencia.

"En todo caso lo que ratifica la Audiencia Nacional es la sentencia de Badajoz del 2015, que supuso un cambio normativo que llevó a cabo el Gobierno Central para adaptarse a dicha sentencia del Tribunal pacense, de tal manera que los suelos urbanizables tributan como IBI urbano en caso de que se hubiera llevado a cabo alguna actuación urbanística, y tributan como rústico cuando no haya habido actuación urbanística", advierte Castillo.

"Desde 2015, en el Ayuntamiento de Talavera ya se actúa como indica la Ley nacional que se cambió a raíz de la sentencia de Bajadoz", concluye el concejal de Hacienda y Promoción Económica del Consistorio talaverano.