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El abogado de Apovata, González de Rivera, asegura que el concejal de Hacienda está "desnortado"

Jiménez Enciso (d), presidente de Apovata, y González de Rivera, abogado de la asociación
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Jiménez Enciso (d), presidente de Apovata, y González de Rivera, abogado de la asociación

Ayuntamiento de Talavera sigue cobrando el IBI 'ilegal' a propietarios de 720 hectáreas de suelo rústico

Por La Voz de Talavera
lunes 31 de julio de 2017, 08:49h

Lunes 31 de Julio de 2017.

El concejal de Hacienda de Talavera, Arturo Castillo, está "desnortado" y sus declaraciones respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional que ratifica la nulidad de los IBI y Plusvalías cobrados indebidamente a terrenos urbanizables del POM talaverano "demuestran poca o nula listeza por su parte".

Así se ha pronunciado Javier González de Rivera, el abogado de la Asociación de Afentados por la Ponencia de Valores de Talavera (Apovata), visiblemente enojado por las manifestaciones realizadas por Castillo valorando la citada sentencia, que el concejal ha asegurado que supone "un varapalo" para la citada asociación y que sus consecuencias para las arcas municipales serán "mínimas".

DERECHO A DEVOLUCIÓN

Hay que recordar que en su recurso ante la Audiencia Nacional, que ha dado lugar a esta sentencia, Apovata pretendía la anulación de la Ponencia de Valores, manteniendo que no se ajusta a la legalidad ni a la realidad de Talavera, por un lado; y la nulidad de declaración de bien urbano de aquellos terrenos declarados por el POM de Talavera de la Reina como urbanizables, por otro. Finalmente, la Audiencia Nacional ha negado la primera, pero ha dado la razón a la asociación que preside Víctor Jiménez Enciso en la segunda.

Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento tendrá que devolver las cantidades cobradas indebidamente Los propietarios de terrenos urbanizables en Talavera a los que el Ayuntamiento haya cobrado indebidamente en los últimos años el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como si fueran urbanos podrán reclamar las cantidades pagadas desde 2013, porque han sido giradas indebidamente al deber tener la consideración fiscal de rústicos; y de igual manera los ciudadanos a quienes se haya cobrado impuesto de plusvalía por terrenos urbanizables, desde 2012.

EL CONCEJAL NO SE HA ENTERADO

"Diciendo que la sentencia de la Audiencia Nacional es un varapalo a nuestra Asociación el señor Castillo demuestra que no se ha enterado", advierte González de Rivera, que explica además que la sentencia tendrá importantes consecuencias económicas para las arcas municipales y que, en su opinión, también debería tenerlas políticas.

En ese sentido, el letrado de Apovata señala que el "varapalo" de la sentencia de la Audiencia Nacional ha sido para el Ayuntamiento, que desde el año 2012 está aplicando la Ponencia de Valores que la asociación ha recurrido y que entre 2013 y 2015 ha cobrado el IBI como terrenos urbanos a 1.900 hectáreas del término municipal de Talavera que fueron catalogadas como urbanizables en el POM, "cantidades que ahora tendrá que devolver porque, según confirma la sentencia, son terrenos rústicos a efectos catastrales".

COBRADO INDEBIDAMENTE

Respecto a las declaraciones de Castillo -en la imagen sobre estas líneas- en cuanto a que en los años 2013 y 2014, anteriores a la modificación de la ley nacional del año 2015, el Ayuntamiento de Talavera ya utilizó una herramienta de bonificaciones de los recibos del IBI de hasta el 90 por ciento y a partir de 2015 se aplicó aquélla, por lo que si se tuviera que devolver algo en función de la sentencia de la Audiencia Nacional "sería mínimo", González de Rivera tampoco está de acuerdo con el concejal.

"Desde 2015 -explica el abogado- el Ayuntamiento admitió considerar rústicas a efectos catastrales 1.200 de las 1.900 hectáreas urbanizables a los que se cobraba impuestos como terrenos urbanos, pero se negó a hacerlo con las 720 hectáreas restantes", a cuyos propietarios ha seguido cobrando IBI y Plusvalía como urbanos; lo que para Apovata, en base a la sentencia de la Audiencia Nacional, es ilegal y, por tanto, el Ayuntamiento estará obligado a devolver todas las cantidades cobradas indebidamente a los propietarios de las 1.900 hectáreas citadas, hasta 2015; y de éstas 720 hectáreas, desde 2015 hasta ahora.

IMPUESTO ILEGAL

Además, lejos de enmendar la situación ante la sentencia judicial, el Ayuntamiento ha persistido en la misma y este mismo año ha vuelto a girar los recibos del IBI como suelo urbano a las 720 hectáreas de terrenos urbanizables según el POM y rústicos a efectos catastrales, según la Audiencia Nacional; ante lo cual González de Rivera se pregunta si finalmente el concejal de Hacienda mantendrá esos recibos, obligando a los propietarios de los terrenos a acudir otra vez a los tribunales, y si denunciará y embargará a quienes se nieguen a pagar por tratarse de un impuesto 'ilegal'.

Así pues, González de Rivera estima que la sentencia de la Audiencia Nacional no ha sido un "varapalo" para Apovata, que es el Ayuntamiento el que la sufrirá y que "ser concejal tiene estas cosas" y "cada palo debe aguantar su vela", advirtiendo además que "ya está bien de que nunca pase nada, porque las irregularidades y las ilegalidades deben de tener sus consecuencias" en clara alusión a las repercusiones políticas que, además de las económicas, debería tener la sentencia dictada por la Audiencia Nacional a instancias de Apovata.

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