www.lavozdetalavera.com

El Ayuntamiento, pendiente del Catastro para aplicar la sentencia sobre los solares urbanizables

En primer término de la imagen de archivo, Víctor Jiménez, presidente de Apovata, y al fondo el concejal Arturo Castillo y el letrado Javier González de Rivera, durante una reunión en el Ayuntamiento talaverano
Ampliar
En primer término de la imagen de archivo, Víctor Jiménez, presidente de Apovata, y al fondo el concejal Arturo Castillo y el letrado Javier González de Rivera, durante una reunión en el Ayuntamiento talaverano

Castillo responde a Apovata que tiene muy claro su 'norte': defender la ley y los derechos de los contribuyentes

viernes 04 de agosto de 2017, 07:55h

Viernes 4 de Agosto de 2017.

"En la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Talavera tenemos muy claro cuál es el norte y el horizonte a corto plazo para actuar, que es defender los criterios de legalidad y los derechos de los contribuyentes talaveranos", ha manifestado Arturo Castillo, titular de la citada Concejalía en respuesta a las declaraciones realizadas por el asesor jurídico de la Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera (Apovata), Javier González de Rivera, a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional que ha declarado la nulidad de los IBI y Plusvalías cobrados indebidamente a terrenos urbanizables del POM talaverano.

Hay que recordar que, a raíz de que el propio Castillo señalara que la citada sentencia es un "varapalo" a Apovata porque la asociación pedía la nulidad del POM y la Audiencia Nacional ha rechazado tal petición, limitándose a darles la razón en lo que a la nulidad de los impuestos cobrados indebidamente respecta, González de Rivera manifestó, entre otras cosas, que con tales declaraciones el concejal de Hacienda evidenciaba "estar desnortado" y que sus palabras demostraban "poca o nula listeza por su parte".

En su respuesta a las declaraciones de González de Rivera y otros representantes de Apovata, como su presidente, Víctor Jiménez Enciso, respecto a las consecuencias de la citada sentencia, Castillo ha señalado que, bajo criterios de responsabilidad, el Ayuntamiento de Talavera tiene la obligación de esperar los pronunciamientos y criterios que respecto a la sentencia indicada pueda adoptar la administración recurrida en el proceso, que en este caso es la Dirección General del Catastro, del Ministerio de Hacienda”.

PENDIENTES DEL CATASTRO

El edil apunta que esta administración es titular de las competencias en materia de gestión catastral, entre las que se encuentra “la aprobación de la Ponencia de Valores Total de los bienes inmuebles urbanos del municipio de Talavera”, añadiendo que contra la referida sentencia cabe recurso de casación que deberá presentarse en plazo de 30 días desde su notificación. No obstante, dijo que el Ayuntamiento, por ahora no tiene constancia del criterio que adoptará la Dirección General del Catastro, “algo que es fundamental en orden a acreditar la firmeza o no de la tan citada sentencia”.

Además, advierte Castillo, en la sentencia “no se dice nada” sobre los efectos fiscales y tributarios” a los que se refiere Apovata, “y este Ayuntamiento actuará conforme a lo que digan los servicios jurídicos y económicos municipales, en función de las observaciones que, igualmente se reciban de la Dirección General del Catastro, a través de su Gerencia Territorial”.

EFECTOS FISCALES Y TRIBUTARIOS

Por otra parte, el edil recuerda que desde el Ayuntamiento ya se adoptaron procedimientos administrativos en orden a las liquidaciones tributarias por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las determinaciones de la Ley 13/2015, de 24 de Junio, modificatoria del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, a virtud del pronunciamiento del Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de mayo de 2014.

“Pronunciamiento y texto legal que ya tuvieron sus efectos tributarios y fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (y, en consecuencia, en la plusvalía municipal) desde el 1 de enero de 2015”.

Por tanto, el Ayuntamiento “tiene pendiente liquidar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica por el año 2015” a los titulares de aquellos bienes inmuebles de esa naturaleza, por aplicación de lo dispuesto en el citado texto legal, “que, sin duda alguna, habrá que poner en relación con el contenido de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional”.

NUEVA SENTENCIA DEL TSJ-CLM

La responsabilidad en la toma de decisiones respecto a los efectos tributarios en el IBI, “se acrecienta, aún más, por la nueva sentencia dictada con posterioridad a la emitida por la Audiencia Nacional -en concreto, con fecha 20 de julio de 2017- por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”, que desestima las pretensiones de ciertos actores que coinciden, a su vez, con alguno de los actores representantes de Apovata, en la promovida ante la Audiencia Nacional sobre la problemática de definición de los suelos urbanizables objeto de gravamen.

Castillo advierte que la sentencia “obliga en todo caso” al Ayuntamiento “a estudiar con el rigor necesario” la problemática suscitada y los efectos tributarios y fiscales a considerar de tales pronunciamientos jurídicos, que, en principio pudieran parecer contradictorios, en los impuestos municipales que resulten afectados, que no son otros que el IBI y la Plusvalía municipal.

“Ése es el norte y el horizonte a corto plazo que desde ésta concejalía debe observarse, en defensa, desde criterios de legalidad, no sólo de los intereses municipales que procedan, sino de los derechos irrenunciables de los contribuyentes de la ciudad”, señala Arturo Castillo, concejal de HAcienda del Ayuntamiento talaverano.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (5)    No(0)

+

1 comentarios