El carajal catalán (6)

Viernes 24 de Noviembre de 2017.

A diferencia del método terrorista, promovido, o al menos consentido (“Unos menean el árbol y otros recogen las nueces”, Arzallus dixit), por la burguesía media-alta vasca (los más ricos eran del PP) para lograr la independencia a corto plazo y “por las bravas”, la Alta Burguesía catalana encomendó a Jordi Pujol un plan a muy largo plazo para conseguir sin bombas el máximo autogobierno posible, porque la violencia perjudica a los negocios; debía conseguirlo “con buen rollito” y low cost, que la pela es la pela. Así que acabaron con el terrorismo de Terra Llure, que estorbaba a su impostada imagen de nacionalistas buenos y benéficos, muy conveniente para el logro de concesiones del Gobierno “de Madrid”, que entonces no les robaba.

En el primer Estatuto de Autonomía, Pujol rechazó un sistema de “cupo”, similar al establecido para el País Vasco, porque “recaudar impuestos es muy antipático”, y prefirió que el Estado (Madrid) desempeñara el papel de “malo de la película” en materia fiscal. Dado que, en su idea, Cataluña es una nación, exigió, y se lo concedieron, la inmersión lingüística en catalán (”los ingleses deben hablar inglés y los catalanes catalán”). Y concentró su labor política en “construir un país”, es decir, en predicar la singularidad catalana, en magnificar su cultura, en falsear la Historia, en montar un enorme aparato de propaganda (la Televisión catalana tiene siete canales y más plantilla que Antena 3 y Telecinco juntas), y en inventar un enemigo exterior, Madrid, que amenazaba letalmente la supervivencia de la sufrida nación catalana, sojuzgada y esquilmada, por lo menos, desde los tiempos de los Infantes de Aragón, que, como sabemos, eran Trastámaras castellanos.

Desde el poder, la Alta Burguesía catalana se adueñó de la economía de la Comunidad. Creó un complicado entramado de intereses cruzados, y de influencias, entre los grandes y medianos empresarios con el Partido de Pujol, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Se montó una red de tipo mafioso con el fin de conseguir que toda actividad económica de cierta importancia, que dependiera en alguna medida de la Administración catalana, implicara “mordidas” para dicho Partido; y, como todo este tráfico financiero era “negro”, nadie podía saber cuánto dinero llegaba al Partido, cuánto a sus dirigentes y cuánto a los correos que iban y venían.

Muchos años después, ante el pelotón de amigos y enemigos en el Parlament, Pujol tuvo que confesar que su amor místico y su dedicación plena a la resurrección de la antigua nación catalana, que, según él, ya era un emporio cuando los fenicios llegaron a sus costas, había tenido algunas recompensas monetarias extra, que tenía a buen recaudo en Andorra, otro país catalán al fin y al cabo.

A principios de este siglo, la rama izquierda de la Alta Burguesía decidió denunciar las prácticas extractivas de la rama derecha y sacar rédito electoral de esa denuncia. Pascual Maragall, secretario general del PSC, acusó en el Parlament a los convergentes de exigir el 3% del valor de los contratos con la Administración catalana, de las concesiones de ésta, etcétera. En 2003, Maragall fue elegido Presidente de la Generalidad, gracias al apoyo de ERC (compañía muy peligrosa para el PSC), lo cual le obligó a acelerar sus pulsiones nacionalistas. Decidió reformar el Estatuto de Autonomía vigente para conseguir un autogobierno más potente y más blindado.

La bisoñez política de Zapatero, la subordinación en Las Cortes del PSOE a los intereses del PSC, la ausencia de una ley de Inconstitucionalidad Previa (vigente algunos años atrás) y los recortes introducidos por el Tribunal Constitucional a instancias del PP tras el referéndum catalán, provocaron el gran incendio político y social, promovido y financiado desde el gobierno catalán, cuya extinción está lejana todavía.

Tras la penosa presidencia de José Montilla (PSC), con Carod Rovira (ERC) de vicepresidente, la burguesía de derechas recuperó en el año 2010 el Gobierno de la Generalidad, con Artur Mas como Presidente. Los efectos de la crisis económica, que duraba ya varios años, obligaron a todos los gobiernos de Europa a adoptar medidas de contención del gasto, los llamados “recortes”. El Gobierno de España, amenazado de intervención, lo hizo, y, asimismo, tuvo que hacerlo el Gobierno de la Generalidad, dado que estaba gastando grandes cantidades de dinero en propaganda destinada a promocionar en el extranjero su imagen de nación sin estado, y en otros gastos suntuarios tendentes a dar imagen de Estado.

Artur Mas puso en circulación entre la población catalana que sus recortes en el Estado del Bienestar eran culpa del injusto sistema de financiación impuesto por el Gobierno Central; para apoyar sus mentiras difundió la milonga de las balanzas fiscales y eslóganes como “España nos roba”. Y es preciso admitir que, ante su parroquia, ganó la batalla de la propaganda, campo en el que el Gobierno de Rajoy viene fallando gravemente.

Finalmente, la Alta Burguesía catalana encomendó a Artur Mas el logro de una financiación sustancialmente mejor para su Autonomía. Por esta razón, Mas se presentó en La Moncloa en septiembre de 2012 y, con el mayor cinismo, lanzó un órdago a Mariano Rajoy: “Quiero el 'cupo' como los vascos. Si me das mucho más dinero, yo me encargo de frenar a los separatistas; si te niegas, iremos a por la independencia”. Rajoy no accedió a las exigencias de Mas, y éste “se echó al monte”.

Para concurrir a las últimas elecciones, Mas cambió el nombre del antiguo Partido (CDC) por el de Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), en un vano intento de ocultar la corrupción de Pujol. Este partido se sumó a la coalición independentista Junts pel Sí (Juntos por el Sí), en la que se integraron también Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Demócratas de Cataluña y Moviment d'Esquerres.

Dicha coalición formó Gobierno con el apoyo de Catalunya Sí que es Pot (Cataluña Sí se puede), una coalición heterogénea de izquierdas, integrada por Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Podemos y Equo. Y contó con el apoyo del partido de extrema izquierda Candidatura de Unidad Popular (CUP), que exigió, y obtuvo, la sustitución de Artur Mas por Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalidad.

De todo lo anterior cabe deducir dos conclusiones muy preocupantes:

a) La mayoría política del Parlamento catalán disuelto por Rajoy estaba constituida por una alianza contra natura de representantes de la Alta y Media Burguesía con Partidos de izquierda, de extrema izquierda y antisistema.

b) Esa mayoría política dio prioridad a la batalla por la independencia, que es un viejo objetivo político promovido por la Alta Burguesía, y se ha desentendido de los intereses materiales (empleo, pensiones, salud, etcétera) de la clase media, media baja y de la clase obrera.

Sin embargo, quiero terminar con una noticia positiva: el PSC, dividido hace años a causa de sus “dos almas”, consiguió librarse de los señoritos progres catalanistas, se posicionó dentro de la Constitución y en defensa de los intereses materiales de las clases media y trabajadora.

Con su permiso, lo dejamos por hoy.