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TALAVERA VIVA

El carajal catalán (y 8)

Jesús Huete

viernes 08 de diciembre de 2017, 10:10h
El carajal catalán (y 8)

Viernes 8 de Diciembre de 2017.

Como hemos visto en la serie de artículos publicados anteriormente, el “trifostio” catalán es en la actualidad una mezcla explosiva de creencias y sentimientos personales, intereses económicos y ansias de poder político. Los únicos vectores que en los últimos tiempos han aportado racionalidad y realismo al contencioso han sido, por una parte, los Gobiernos e Instituciones Públicas tanto europeos como de otros continentes; y, por otra parte, la reacción de los “jodidos” mercados, mal que les pese a algunos izquierdosos vocacionales, nostálgicos de la revolución rusa de hace un siglo.

La ONU, la UE, el BCE y todos los Gobiernos del mundo conocido han hecho públicas declaraciones a favor de la integridad de España, y su consideración de que el conflicto suscitado por los independentistas es un asunto interno español. Las autoridades europeas de la Comisión y del Parlamento han sido especialmente explícitas: les pone los pelos de punta la idea de una Unión Europea compuesta por 92 estados liliputienses. Esa Unión sería absolutamente ingobernable y quedaría a merced de los imperios americano, ruso y chino. La única excepción conocida ha sido el reconocimiento de la república catalana por Osetia del Sur, un pequeño feudo ruso con menos población que Talavera de la Reina, incrustado en territorio de Georgia, cuya independencia no reconoce la UE ni USA.

El dictamen de “los mercados” nacionales e internacionales ha sido inmediato y explícito: la economía catalana no es sostenible fuera del euro y de la UE. Nadie financiaría a precios razonables a una república catalana independiente; el capital se marcharía en masa; las empresas que no pudieran irse materialmente paralizarían sus inversiones y reducirían su actividad, porque carecerían de financiación; a causa de los aranceles, los bienes y servicios producidos en Cataluña encarecerían sus precios, lo que implicaría una notable pérdida de competitividad; aumentaría notablemente el paro; miles de funcionarios públicos serían despedidos; bajarían drásticamente las pensiones; colapsaría el Estado del Bienestar; los bienes no monetarios reducirían mucho su valor; se establecería un “corralito”, etc. etc. Como diría Bill Clinton a un independentista: “¡Es la economía, imbécil!”.

La amenaza de la proclamar la independencia provocó la reacción inmediata del poder económico catalán: más de 2.000 empresas y 4.000 autónomos trasladaron su sede social fuera de Cataluña en pocos días. Parece que tenían meridianamente claro que la liberación del yugo español significaba su ruina. La fuga de empresas constituye un primer intento de la Alta Burguesía catalana para encerrar de nuevo al genio independentista en la botella mágica.

Baste un ejemplo: casi el 80% del pasivo de CaixaBank procede de fuera de Cataluña, del resto de España y del BCE; en cambio, cerca del 80% de su inversión se efectúa en Cataluña. Por ello, cabe concluir que con dinero del resto de España se están financiando la industria y el comercio catalanes. Ahora bien, si ese Banco dejara de ser español perdería una buena cantidad del pasivo procedente de España, y todo el del Banco Central Europeo. Otrosí, muchos accionistas venderían sus títulos en la Bolsa. Con toda probabilidad, CaixaBank, el tercer Banco español, quebraría. Lo mismo pasaría con los demás bancos y compañías de Seguros. Por eso se han ido de Cataluña.

Ante el hecho consumado de la declaración de independencia, con freno y marcha atrás, Rajoy no tuvo más remedio que aplicar “malgré lui” el artículo 155 de la Constitución. Pero, dada su debilidad parlamentaria, ha necesitado el soporte de PSOE y de Ciudadanos. Ambos partidos han impuesto muchas limitaciones a esa aplicación. Ciudadanos quiere elecciones inmediatas, porque cree estar bien situado en las encuestas; y el PSOE, que todavía se está recuperando de la muerte política y la rápida resurrección de Pedro Sánchez, sufre el lastre de la esquizofrenia del PSC con sus dos almas.

La minoría parlamentaria de Rajoy no le permitía afrontar en solitario un largo periodo de algaradas callejeras en Cataluña; por ello se ha visto obligado a aceptar las condiciones de sus aliados, que sólo han consentido en meter “la puntita nada más” del artículo 155 en la Taifa catalana. O sea, trincar a los caciques más importantes y convocar elecciones autonómicas.

Obviamente, las elecciones del día 21 de diciembre no van a modificar las creencias y los sentimientos de los dos millones de fieles; en muchos casos estarán más exacerbados. Sin embargo, en lo referente a la economía y a las relaciones internacionales, ahora tienen las evidencias necesarias de que sus dirigentes son unos “chufadores”, como diría el Conde Lucanor, unos mentirosos compulsivos.

Ni las multinacionales, ni los bancos ni los fondos de inversión internacionales van a hacer cola para ser admitidos en la República catalana; y los Organismos internacionales no van a solicitar a esa Republica el inmenso favor de que se digne ingresar en los mismos el día posterior al de la independencia. No se trataba de amenazas vanas de Rajoy para asustar a los catalanes; los dirigentes mundiales han reiterado su apoyo a España.

La Alta Burguesía ya ha votado con los pies, o sea, llevando sus negocios a lugar seguro. Las clases medias y la clase obrera deberían comprender y asumir que la independencia, al margen de sus creencias y sentimientos, afectaría muy negativamente a sus intereses materiales, porque hoy estamos, para bien y para mal, en un mundo con la economía globalizada y estructurado en grandes bloques políticos (UE, USA, Rusia, China, etc.), que no se va a dejar desestabilizar por los sentimientos independentistas de dos millones de personas del noreste español.

Con frecuencia se oyen lamentos referentes al poder de los grandes Fondos económicos sobre los Gobiernos; en muchas ocasiones esos lamentos estarán justificados, pero en lo referente al conflicto catalán ese poder constituye un innegable factor de estabilidad.

Los partidos de izquierda y los sindicatos de clase tienen la enorme responsabilidad de concienciar a la clase obrera de los peligros que conlleva el independentismo para sus intereses. Lo ha expresado perfectamente hace pocas semanas Nicolás Sartorius en El País: “Hoy, en ausencia de colonialismo y dentro de un país de la Unión Europea, el derecho a la autodeterminación es una reivindicación reaccionaria, incluso involucionista, impropia de partidos o sindicatos progresistas”. Y añadía una cita de Berthold Brecht: “El nacionalismo de los de arriba sirve a los de arriba. El nacionalismo de los de abajo sirve también a los de arriba. El nacionalismo, cuando los pobres lo llevan dentro, no mejora, es un absurdo total”.

Después de las elecciones de este 21 de diciembre, gane quien gane, será preciso que la Alta Burguesía catalana haga “bajar el soufflé” independentista. Debe convencer a las demás clases sociales de que el genio tiene que volver a la botella mágica, con el fin de poder negociar pacíficamente con el Estado el rediseño de un nuevo encaje de Cataluña en España. Lo cual puede incluir seguramente la reforma de la Constitución, en aras de lo que Ortega y Gasset llamó a principios del siglo pasado la “conllevancia”. Desde luego, tendremos que asumir que esa negociación nos va a costar dinero a los no catalanes.

En un futuro pacto, con o sin reforma constitucional, los representantes del Estado deberán asegurarse de que las cesiones de todo tipo que puedan hacer son un punto final; no un punto de partida, que sirva para pleitear por nuevas cesiones pasados unos años. Anteriormente, los nacionalistas engañaron siempre a sus interlocutores: en la elaboración de la Constitución, a Felipe González, a Aznar, a Zapatero y a Rajoy. Ahora, deben comprometerse a enfriar el odio a lo español, a mantener sus sentimientos bajo el control de la razón, a no mentir acerca de la situación económica propia, comparada con la de otras regiones, etc. Y el Parlamento español debe asegurarse la posibilidad de anular los pactos que se hagan, y a retrotraer las actuaciones al punto inicial, en el supuesto de que los responsables catalanes dejen de cumplir honradamente los compromisos adquiridos, o los interpreten torticeramente.

En conclusión, las próximas elecciones catalanas no van a resolver el fondo del problema de las pulsiones independentistas, ni van a establecer una relación confortable de esa región con el resto del Estado español. Sólo se trata de que el tren descarriló y el Gobierno ha vuelto a ponerlo en la vía. Hay que confiar en que el famoso “seny” opere en una parte importante de los separatistas actuales pertenecientes a las clases medias y obrera. Si ganan los constitucionalistas, será por una ventaja escasa, lo que dará lugar a frecuentes conflictos futuros en el Parlamento catalán; pero si ganan los independentistas, estará servido un nuevo carajal, corregido y aumentado. No lo permita Dios.

Salutem plurimam.

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