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Inmaculada Herranz y José García Molina, durante su comparecencia ante los medios de comunicación
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Inmaculada Herranz y José García Molina, durante su comparecencia ante los medios de comunicación

Molina y Herranz presentaron los avances del segundo borrador de la Ley de Garantías Ciudadanas de CLM

Martes 25 de Septiembre de 2018.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, y la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, han presentado el segundo borrador de la futura Ley de Garantía de Ingresos y de Garantías Ciudadanas; "un avance importante -han señalado-, porque entramos en la última fase de elaboración del proyecto de ley y de su tramitación y, esperemos, aprobación en el mínimo tiempo posible”.

El segundo borrador, ha indicado la consejera, presenta ya una norma sólida hacia un sistema de protección estable que integra y consolida derechos avanzados en consonancia con las directrices europeas, equiparable a otras comunidades autónomas que cuentan con leyes similares y con el aval y apoyo del conjunto de organizaciones sociales, sindicatos mayoritarios, profesionales y asociaciones de vecinos.

“Nos sentimos especialmente orgullosos -ha dicho Inmaculada Herranz- de la altísima participación a lo largo del proceso de audiencia pública. Como resultado del mismo, ha resumido, se han recibido un total de 60 aportaciones a la norma: cuatro para mejorar el preámbulo, ocho relacionadas con cuestiones generales del anteproyecto, 45 al articulado y tres sobre las disposiciones finales y transitorias”.

NI MÁS NI MENOS QUE NADIE

El vicepresidente segundo del Ejecutivo castellano-manchego, por su parte, ha dejado claro que “todo gobierno tiene la responsabilidad de proteger a la gente, asegurar condiciones de vida digna y promover la igualdad de condiciones”.

En ese sentido, José García Molina ha insistido en que “en Castilla-La Mancha no queremos pagar más impuestos de lo que pagan en otros sitios y tampoco queremos tener peores servicios, queremos equipararnos a lo que ya existe en otras comunidades autónomas de este país; con leyes que protegen a la ciudadanía y especialmente a las familias con menores que aun queriendo trabajar, por las causas que sean, no pueden hacerlo”.

El segundo borrador propone, por tanto, un Sistema de Garantías Ciudadanas anclado a dos Derechos: el derecho a la Garantía de Ingresos y el derecho a las Garantías Ciudadanas.

IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA

La implementación de la Ley se realizará de forma progresiva, dando cobertura en primer lugar a hogares con menores a su cargo, siendo el número potencial de titulares y beneficiarios de la garantía de ingresos para el año 2019 de aproximadamente 24.000 titulares y 94.000 beneficiarios.

Además, la implementación de la Ley no supone una asignación presupuestaria completamente nueva. En buena medida, ha explicado la consejera, “la integración, racionalización de recursos y políticas de protección social que se venían haciendo hasta el momento, van a dar lugar a que la mayor parte del presupuesto asignado a esta norma ya se recogían en las partidas del Plan de Garantías Ciudadanas y del presupuesto del 2018”.

VALE MÁS DE LO QUE CUESTA

Así, el impacto presupuestario de la nueva inversión para la garantía de ingresos en 2019 oscilaría entre el 0,10 y el 0,20 por ciento del presupuesto total de Castilla-La Mancha. Una cuantía perfectamente asumible, ha afirmado Inmaculada Herranz, porque “esta ley vale mucho más de lo que cuesta, sobre todo para proteger los derechos de la población de Castilla-La Mancha”.

Así, el acceso a la titularidad del derecho de garantías ciudadanas vendrá determinado por la capacidad económica de las personas solicitantes y demás miembros de su unidad de convivencia. Para ello se establecen dos tramos.

600 EUROS DE MEDIA

En el primer tramo, la renta garantizada se hará efectiva cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea inferior al 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para unidades de convivencia unipersonales, incrementándose en un porcentaje por miembro adicional, con una prestación media de 600 euros mensuales.

En estos casos, tal y como aparecía también en el primer texto, tendrán prioridad las familias con menores por la necesidad de erradicar la pobreza infantil. Y en este tramo, las familias pueden acogerse tanto a la garantía de ingresos como a las complementarias.

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO

En cuanto al segundo tramo, referente sólo a las garantías complementarias, se establece cuando la capacidad económica de quien lo solicita, y en su caso, de los demás integrantes de la unidad de convivencia de la que formen parte, sea igual o superior al 70% del SMI, no superando el 130% de este indicador para unidades de convivencia unipersonales e incrementándose un porcentaje por miembro adicional.

Una precisión importante es que a la entrada en vigor de esta ley las personas perceptoras que tengan reconocido el Ingreso Mínimo de Solidaridad -el instrumento castellano-manchego ya existente para situaciones de extrema necesidad- pasarán a tener reconocida de forma automática la Prestación de Renta Garantizada.

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