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Repartieron arbitraria y fraudulentamente más de 680 millones de euros de fondos públicos

Los expresidentes de Andalucía Chaves y Griñán, condenados por el 'caso EREs' con otros 17 altos cargos del PSOE
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Los expresidentes de Andalucía Chaves y Griñán, condenados por el 'caso EREs' con otros 17 altos cargos del PSOE

Martes 19 de Noviembre de 2019.

Los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y José Manuel Chaves han sido condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla como autores de diversos delitos en la macrocausa judicial del 'caso EREs', junto a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías, además de otros 15 altos cargos del PSOE en la Junta de la comunidad autónoma andaluza.

Así, por sentencia judicial que ha sido hecha pública hoy, Griñán ha sido condenado a 6 años y 2 días de cárcel por un delito continuado de malversación y 15 años y 2 días de inhabilitación por otro de prevaricación, mientras que Manuel Chaves ha recibido una condena de 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Álvarez y Zarrías también han sido condenados a 9 años de inhabiltación especial por sendos delitos de prevaricación.

La sentencia de la Audiencia Provincial sevillana, que tiene más de 1.800 páginas, establece la responsabilidad penal de los ex cargos socialistas que permitieron la creación y el mantenimiento de un "sistema fraudulento" de ayudas sociolaborales para empresas en crisis, que se prolongó durante más de una década (2000-2011) en la Junta de Andalucía y del que eran conscientes los máximos responsables; un procedimiento que permitió el reparto arbitrario de más de 680 millones de euros.

PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN

Entre el resto de condenados, la pena más alta ha recaído en el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, con siete años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años, en ambos casos, por los delitos continuados de prevaricación y malversación.

Además han sido condenados por esos mismos delitos continuados los exconsejeros de Innovación, Francisco Vallejo, y de Empleo, José Antonio Viera; el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, y el ex director general de Trabajo, Juan Márquez, con sendas penas de 7 años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; el ex director general de IFA e IDEA, Miguel Ángel Serrano ha sido condenado a 6 años y medio de prisión e inhabilitación absoluta.

OTROS ALTOS CARGOS A LA CÁRCEL

También han sido condenados con pena de 6 años cárcel el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, y la exviceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; mientras que el exviceconsejero de Economía y Hacienda, José Salgueiro, y el ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano, han recibido una condena de 9 años de inhabilitación especial.

Por último, los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez han sido condenados por un delito continuado de prevaricación a 9 años de inhabilitación especial éste y aquél y a 8 años y seis meses aquélla; mientras que el ex director general de IDEA, Jacinto Cañete, ha sido condenado a 8 años y 6 meses de inhablitación especial por un delito de prevaricación.

SISTEMA FRAUDULENTO DE SUBVENCIONES

La Audiencia de Sevilla sólo ha absuelto por completo a dos de los 21 exaltos cargos acusados: el exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, juzgado por los delitos de prevaricación y malversación por los que la Fiscalía pedía seis años de cárcel y 30 de inhabilitación; y el exjefe de Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río Muñoz, para quien la Fiscalía pedía 10 años de inhabilitación.

La sentencia refleja que la Junta de Andalucía puso y mantuvo en funcionamiento entre los años 2000 y 2009 un "sistema fraudulento" de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos de forma arbitraria 680 millones de euros. El fraude comenzó en el año 2000, bajo la Presidencia de Manuel Chaves y con Magdalena Álvarez como consejera de Hacienda.

REPARTO DISCRECIONAL MILLONARIO

El sistema orquestado se puso en marcha con la firma de un convenio que permitió al Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, dependiente de la Consejería de Empleo, repartir de forma discrecional las ayudas evitando los controles correspondientes. El dinero se inyectaba al IFA mediante transferencias de financiación con cargo a la partida presupuestaria 31L.

Los mecanismos establecidos permitieron que los fondos se otorgaran directamente a las empresas -en lugar de a los trabajadores- con “la ausencia de control alguno” sobre la pertenencia a dichas empresas de las personas beneficiarias de las ayudas públicas. Por esa razón, fue posible "la inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas por la Consejería de Empleo", apunta la sentencia.

GRIÑÁN, CONSEJERO Y PRESIDENTE PARTICIPANTE

La Audiencia Provincial de Sevilla considera acreditado, además, que Griñán, presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, fue "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación".

Antes de relevar a Chaves en la Presidencia, Griñán fue consejero de Economía y Hacienda entre el 2004 y el 2009 y asumió "la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados", añade la sentencia judicial.

CHAVES, CONSCIENTE DE LA PATENTE ILEGALIDAD

También Chaves era "plenamente consciente de la patente ilegalidad" de los hechos juzgados "en los que participó", argumenta la Audiencia sevillana, que recuerda que fue él quien presidía la Junta de Andalucía "cuando se empezaron articular las primeras ayudas" a trabajadores afectados por ERE "a finales de los 90 y en el año 2000".

"La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión política del Gobierno en su conjunto", señala la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, primero, y luego ante el Tribunal Supremo.

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