La Fiscalía de Madrid ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital de España que ordenaba el sobreseimiento y archivo de la denuncia de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) contra dos comisarios de la CHT por por no cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJ-CLM) que ratificaba la orden de demolición del chalet del fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.
Según informa la propia ACODAP, en el citado recurso el Ministerio Público, firmado por el fiscal César Estirado el 23 de junio pasado, considera que los Comisarios de Aguas de la CHT podrían haber cometido un delito de “prevaricación urbanística omisiva” por no haber cumplido la orden de demolición del chalet de Ángel Demetrio de la Cruz y su esposa, María García García, construido ilegalmente en la urbanización El Gran Chaparral, término municipal de Pepino, localidad situada a 8 kilómetros de la ciudad de Talavera, de cuyo partido judicial aquél es fiscal decano.
Hay que recordar al respecto que la asociación ACODAP, que lidera el ex juez decano de Talavera Fernando Presencia, presentó denuncia en el Juzgado de Guardia de Madrid dirigida contra los comisarios de aguas de la CHT José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco y Javier Díaz Regañón Jiménez, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente, falsificación de documento público, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Denuncia, acusación y delitos que ACODAP estima existentes en la actuación de ambos comisarios, Díaz-Lázaro y Díaz Regañón, por no cumplir con la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de demoler el chalet del fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y respecto a los cuales la propia Fiscalía de Madrid considera que "se aportan suficientes indicios de la comisión de un delito de prevaricación urbanística omisiva respecto de los comisarios de la CHT (Comisario de Aguas al menos)".
PRESUNTO TRATO DE FAVOR
"De acuerdo con la asociación denunciante -señala ACODAP- la propia sentencia del TSJ-CLM alerta sobre la posibilidad de que la CHT hubiera incurrido en un delito trato de favor durante la tramitación del expediente sancionador, tras conocer que el presunto infractor era el fiscal decano de la sección territorial de ese partido judicial (Talavera)". "La misma sentencia ratifica la orden de demolición del chalet del fiscal", advierte la asociación.
"Por el contrario -continúa la nota informativa de ACODAP- la jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid, Carmen Valcarce, a quien correspondió la tramitación de la referida denuncia, no lo vio así y acordó el sobreseimiento de las actuaciones en una resolución cargada de polémica, por la que ha sido denunciada ella también ante el Consejo General del Poder Judicial".
ORGANISMO DE CUENCA NO CONQUENSE
Se da la paradójica circunstancia de que -como recuerda la asociación de Presencia- "la señora Valcarce entendía que los 'Organismos de cuenca', como es la Confederación Hidrográfica del Tajo, reciben este nombre no por su evidente referencia a la cuenca de los ríos sino porque la instructora está convencida de que la CHT tiene su sede en Cuenca, localidad castellana que nada tiene que ver con las actuaciones, según se indica en la denuncia presentada ante el órgano de gobierno de los jueces".
De todos modos, ha sido con ocasión del recurso interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de la citada jueza, que ordena el sobreseimiento y archivo de la denuncia de ACODAP, cuando la Fiscalía de Madrid ha considerado que los Comisarios de Aguas de la CHT podrían haber cometido un delito de “prevaricación urbanística omisiva” por no haber cumplido la orden de demolición del chalet que el fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, construyó ilegalmente" en la citada urbanización de Pepino.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Como hemos venido informando, este asunto arrancó de una denuncia de Ecologistas en Acción en la que, respecto al chalet del matrimonio De la Cruz García, se afirmaba que, “por su ubicación, la vivienda de la parcela nº 237 de la segunda fase de la Urbanización El Gran Chaparral se encuentra parcialmente sobre la zona de servidumbre del dominio público hidráulico del arroyo de la Fuente o del Berrenchín y plenamente tanto dentro de la zona de policía como de la de riesgo de inundación”.
La orden de demolición del chalet se dictó en forma de resolución el 6 de marzo de 2009 y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ-CLM la confirmó plenamente el 30 de abril de 2019 mediante sentencia, de modo que se imponía a los propietarios del citado chalet “la obligación de reponer las cosas a su estado anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del Texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que sean legalizadas las obras o autorizados los trabajos denunciados a instancia del interesado”.
ACELERAR LA DEMOLICIÓN
"El chalet fue construido en parte en zona de servidumbre del Arroyo Berrenchín –cinco metros por cada lado del cauce– donde está terminantemente prohibido por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y en parte en la llamada zona de policía, que son 100 metros y comprende también los cinco metros citados", advierte ACODAP, recordando que "cualquier construcción de ese tipo que se halle en la zona de servidumbre debe ser demolida por ilegal".
Según la propia asociación denunciante, "esta nueva postura que por fin mantiene ahora la Fiscalía es la que con toda seguridad va a acelerar la demolición del 'chalet del pelotazo' del fiscal decano de Talavera de la Reina.
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