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Los populares Gregorio, Rodríguez y Serrano, durante la recogida de firmas contra la Ley Celaá en Talavera
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Los populares Gregorio, Rodríguez y Serrano, durante la recogida de firmas contra la Ley Celaá en Talavera

El PP recogió firmas en Talavera para recurrir la Ley Celaá ante el Tribunal Constitucional

jueves 03 de diciembre de 2020, 12:44h

El Partido Popular va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Educación, la LOMLOE también conocida como Ley Celaá, “porque entendemos que es una ley anticonstitucional”, además de que también se acudirá a la Unión Europea “para que esta ley no se empiece a implementar”.

Así lo han indicado en Talavera de la Reina el senador y presidente provincial del PP toledano, José Julián Gregorio; el también parlamentario del PP en la Cámara Alta Ramón Rodríguez y el presidente y portavoz municipal del PP talaverano, Santiago Serrano, en el inicio de la campaña de recogida de firmas contra la citada Ley Celaá, que ha tenido lugar este miércoles en la Ciudad de la Cerámica.

En las próximas elecciones, “los españoles van a decir no a este Gobierno de coalición que nos está llevando a un control dictatorial y totalitario”, ya que quiere controlar la educación, los bolsillos, la justicia y el poder legislativo, “y después de 40 años de democracia no estamos dispuestos a perder la libertad”, ha advertido Rodríguez, que ha criticado la LOMLOE porque "es una ley ideológica, que en la que no se han adoptado medidas pedagógicas sino políticas”.

“La ley ataca a la libertad de elección, a la libertad de educación y a la educación concertada y especial”, ha subrayado Rodríguez, que ha explicado que la aportación de Podemos a la ley es que se precisara que la educación tenía que ser estatal y pública, “y eso exige que haya una escuela única, y es el motivo por el que en esta ley todas las medidas que se reflejan sólo hablan de la pública y tiende a que desaparezca la educación concertada”.

ASFIXIAR A LA CONCERTADA

El objetivo de la nueva ley, según el senador popular, es “asfixiar económicamente a la concertada", porque el impulso de infantil de 0 a 3 años “sólo será público, para que los colegios concertados no pueden crecer y no se va a ofertar nunca una nueva plaza concertada sino que si se oferta será pública, con lo que se asfixia a la concertada”.

La educación especial también es atacada, ya que en diez años -según Rodríguez- los niños de educación especial van a pasar a los centros ordinarios, “y eso no se lo puede creer nadie, porque hay 500 centros de educación especial en España y 28.000 ordinarios y, para hacer esa adaptación, deberían poner un equipo multidisciplinar en los 28.000 centros, con psicólogo rehabilitador, logopeda, entre otros profesionales, para lo que se debería contratar a mas de 200.000 personas.

SUPRESIÓN DEL CASTELLANO

La aportación de los independentistas y los nacionalistas a esta Ley, ha añadido Rodríguez, es quitar el castellano como lengua vehicular “para que tengan el campo libre y no tengan que verse obligados a enseñar a los niños de Cataluña o del País Vasco en castellano”; además de haberse abierto una nueva puerta para que Esquerra Republicana ejerza un mayor control en los centros educativos, a través de inspectores, “cargo al que se accedía por oposición y ahora van a ser nombrados a dedo”.

El senador popular se ha referido también a que esta ley carece de consenso y diálogo con la comunidad educativa, con el consejo de Estado, con el Consejo Escolar del Estado y con los proponentes expertos en educación, ya que -ha señalado- “sólo se ha hecho con el PSOE, y sus socios de Podemos y los nacionalistas”.

CRÍTICAS A PAGE Y A TITA GARCÍA

José Julián Gregorio, por su parte, ha recordado que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, pidió al presidente regional y secretario general del PSOE-CLM, Emiliano García-Page, que sus diputados votasen en contra de la Ley Celaá y de los Presupuestos Generales del Estado “que están apoyados por Bildu”, pero “Page se ha negado y los diputados y senadores del PSOE estarán traicionando a Castilla-La Mancha”.

Finalmente, Santiago Serrano ha criticado el "aplauso del propio Page y de la alcaldesa de Talavera, Agustina García, a la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez e Iglesias, que "es una auténtica afrenta a los 15 centros concertados y a los 4 de educación especial que hay en la ciudad”.

Serrano ha advertido al respecto que “la educación es un asunto de Estado y es el PSOE quien ha quebrado esa unidad", añadiendo que "no se entiende que dirigentes como García mantengan silencio o defiendan la postura de su partido, que va a hacer muy difícil la existencia de centros concertados y de educación especial, que son muy importantes en Talavera”.

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