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Considera que no están amparadas legalmente fuera del Estado de Alarma

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Albacete
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Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Albacete

El TSJ rechaza las medidas anti-COVID del Gobierno CLM que afectan a derechos fundamentales

martes 11 de mayo de 2021, 20:41h

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), reunida este martes en Pleno, ha dictado por unanimidad un auto, con fecha 11 de mayo de 2021, por el que anula varias de las medidas del Decreto 55/2021, de 8 de mayo, con las que el Gobierno castellano-manchego pretende evitar la propagación del coronavirus en la comunidad autónoma.

Así, solicitada por parte del Ejecutivo castellano-manchego la ratificación judicial por parte del TSJCLM del Decreto sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a las crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras el decaimiento del Estado de Alarma el domingo pasado, el Alto Tribunal ha rechazado las medidas que afectan a derechos fundamentales de la persona.

La citada Sala del TSJ de Castilla-La Mancha considera que "la Ley Orgánica 3/1986 -en la que se amparaban las citadas medidas- no es un 'paraguas' normativo suficiente, a diferencia del Estado de Alarma, que permita adoptar medidas tan restrictivas y que afectan a derechos fundamentales de una población indeterminada de personas como son todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

SALUD PÚBLICA

Sin embargo, el mismo TSJCLM sí ha ratificado las medidas del citado decreto relacionadas con la salud pública y que no afectan a los citados derechos fundamentales de la persona; como la obligación de aislamiento y cuarentena de las personas contagiadas por COVID-19 y con sospecha de serlo, "aunque limite el derecho a la libertad".

Según ha informado a última hora de la tarde de este martes el propio TSJCLM, para dictar su auto el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tenido en cuenta lo recogido en la LO 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública; concretamente en lo regulado en los artículos 2 y 3 de dicha ley, y que justifican, dice la Sala, que la Administración pueda adoptar medidas de inmovilización, cuarentena, desplazamiento, hospitalización y obtención de elementos corporales de enfermos y personas que hayan estado en contacto con ellos, incluyendo a las personas con grave sospecha de enfermedad y también a residentes de centros socio sanitarios donde se haya confirmado algún caso de COVID-19.

Al amparo de la LO 3/1986, resalta la Sala, se pueden tomar medidas concretas para personas concretas.

MEDIDAS RATIFICADAS

De acuerdo a dicho razonamiento jurídico, la Sala de lo Contencioso- Administrativo SÍ ha ratificado las siguientes medidas recogidas en el Decreto autonómico 55/2021, aun cuando afectan a derechos fundamentales:

Artículo 5.1.c y 5.1.d, que recogen la obligación de aislamiento de las personas contagiadas por SARS-CoV-2 y la obligación de guardar cuarentena por las personas sospechosas de haber sido contagiadas por SARS-CoV-2, de acuerdo con resoluciones adoptadas por la autoridad sanitaria o servicios sanitarios públicos correspondientes. Medida afecta al derecho a la libertad.

Artículo 45.3, que establece que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la protección de la seguridad y salud del personal trabajador de centros sanitarios, socio sanitarios y de servicios sociales mediante la realización de pruebas diagnósticas según los protocolos en vigor. Medida que afecta al derecho a intimidad personal.

NO ES UN PARAGUAS PARA LIMITAR DERECHOS

Por contra, en su Auto la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ castellano-manchego NO ratifica aquellas medidas del Decreto 55/2021 que afectan intensamente a derechos fundamentales y cuya limitación o restricción se establece de manera indiscriminada para todo el ámbito de Castilla-La Mancha y sin limitación temporal.

"Concretamente se trata -dice la nota informativa el Alto Tribunal- de medidas que afectan a los derechos fundamentales de reunión y libertad religiosa y de culto, y cuya limitación generalizada solo estaría amparada por una situación de estado de alarma, no siendo la LO 3/1986 un “paraguas” normativo para limitar dichos derechos.

Todo ello, añade la Sala, sin perjuicio de que se pueda reformar la legislación vigente para encarar la cuestión desde otro punto de vista.

MEDIDAS NO RATIFICADAS

La Sala deniega la ratificación de las siguientes medidas:

Artículo 10.6, sobre medidas de higiene y prevención en la celebración de actos de culto religioso, concretamente en la obligación de realizar en casa las abluciones rituales. Dice la Sala que las abluciones, por su propio significado y contenido del concepto, forman parte de la libertad religiosa y de culto, y es derecho protegido por la Constitución.

Artículo 10.8, que señala la necesidad de autorización para la celebración de actos religioso en el exterior de los edificios y en la vía pública. Tanto ésta como la medida anterior afectan al derecho a la libertad religiosa y de culto.

Artículo 14.3, que restringe a un máximo de 50 personas, entre familiares y allegados, las que pueden formar una comitiva fúnebre. Medida que afecta al derecho fundamental de reunión y cuya restricción no es competencia de la Comunidad Autónoma.

Artículo 32.2, que limita a un máximo de 10 personas juntas la práctica de actividad física al aire libre, medida que también afecta al derecho de reunión.

NO SE PRONUNCIA

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM no se pronuncia sobre el resto de medidas recogidas en el Decreto 55/2021 por no afectar a derechos fundamentales, "todo ello -indica el auto- sin perjuicio de las medidas a aplicar en establecimientos, instalaciones y actividades abiertas al público que están sujetas a autorización y policía administrativa ordinaria.

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