El Gobierno de Castilla-La Mancha ha insistido este lunes en la armonización fiscal para evitar que haya comunidades autónomas que, “dependiendo de su situación”, lleven a cabo el llamado ‘dumping fiscal’ con el que algunas regiones ofrecen beneficios fiscales -mediante deducciones de impuestos o bonificaciones- con el fin de conseguir la llegada de empresas a sus territorios.
Este ha sido uno de los aspectos que han trasladado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico castellano-manchego, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras las reuniones que ha mantenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con los responsables de los grupos políticos con representación en las Cortes CLM, PSOE, Ciudadanos y Partido Popular.
La reunión con Sergio Gutiérrez, representante del PSCMPSOE; Carmen Picazo, de Ciudadanos CLM; y Francisco Núñez, de PP-CLM ha tenido como objetivo consensuar una posición única en materia de financiación autonómica y, en ese sentido, Martínez Guijarro ha explicado que el planteamiento del Ejecutivo autonómico es que los impuestos que existan tengan una base común en el conjunto del territorio aunque con un margen de maniobra.
MÍNIMOS Y MÁXIMOS
"Las comunidades autónomas -ha dicho el vicepresidente- debemos tener un margen de maniobra u horquilla en la que las regiones puedan moverse, pero siempre con unos tipos mínimos y máximos establecidos", añadiendo que "el Gobierno castellano-manchego defiende que, sea cual sea la cesta de impuestos, tienen que ser suficientes para financiar los servicios públicos esenciales y el conjunto de competencias que tenemos como Comunidad autónoma”.
Martínez Guijarro ha valorado positivamente la disposición y el respaldo de los tres grupos parlamentarios al planteamiento inicial sobre financiación autonómica que se ha hecho desde el Ejecutivo de García-Page con propuestas alternativas al documento que hizo público el gobierno de España.
“Es un buen punto de partida que el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas tengan en cuenta que los planteamientos que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha con el respaldo de los grupos parlamentarios y de los agentes económicos”, ha afirmado el vicepresidente del Ejecutivo regional.
VARIABLE ESTRUCTURAL
Juan Alfonso Ruiz Molina, por su parte, ha destacado la necesidad de que se tenga en cuenta el coste real que supone para las comunidades autónomas prestar los servicios públicos y el encarecimiento que conlleva prestarlos en zonas poco pobladas, abogando por “incluir la superficie no como una variable correctiva, sino como una variable estructural que debe estar presente en cada uno de los bloques en los que se valora el sistema de financiación".
Además, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha defendido un fondo adicional para atender al reto demográfico y, en lo que respecta al fondo de garantía, ha especificado que actualmente está constituido por el 75 por ciento de los recursos tributarios del conjunto de las comunidades autónomas, que se distribuyen en función de determinadas variables, en lo que se denomina población ajustada.
Ruiz Molina ha defendido que en ese fondo las autonomías participen con “el cien por cien”, un cambio que reportaría a la región más de 200 millones de euros; y la necesidad de que se respete el ‘statu quo’ en términos absolutos para que ninguna región pierda recursos respecto al modelo actual, apostando por “no hablar de un modelo del Gobierno, sino de la Comunidad Autónoma”, ya que “eso nos da mucha más fortaleza a la hora de negociar”.
Si (
No(
