La Policía Nacional ha detenido a once personas integrantes de una banda criminal y acusadas de explotar sexualmente a cinco mujeres de origen sudamericano a las que, una vez en España, trasladaron a Talavera de la Reina, donde fueron obligadas a prostituirse bajo amenazas.
La operación policial se ha llevado a cabo en el marco de una investigación contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución, que ha dado como resultado la detención de las seis mujeres y cinco hombres integrantes del grupo criminal.
Los detenidos tienen entre 22 y 52 años y son de origen boliviano, colombiano, dominicano y argentino, que supuestamente formaban un grupo criminal vinculado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución, según ha informado la Policía Nacional en Baleares.
FALSA OFERTA LABORAL
La investigación que ha culminado con las once detenciones y la desarticulación de la banda delictiva fue iniciada por el grupo IV de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional después de que dos de las víctimas, que estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución, se escaparan de uno de los prostíbulos.
Tras recibir asistencia, las dos mujeres fueron alojadas en un piso de seguridad. testificando ante la Policía que habían sido captadas en sus países de origen, donde vivían en situación precaria, ofreciéndoles trabajar en España como cuidadoras de hogar o camareras de piso con unas condiciones económicas favorables.
PROSTITUTAS A LA FUERZA
Según informa la Policía Nacional en base al testimonio de las denunciantes, una vez en España estas mujeres eran trasladadas a Talavera, donde se les quitaba el pasaporte y se les indicaba que habían contraído una deuda de 3.000 euros que tenían que saldar ejerciendo como prostitutas bajo la amenaza de que, si no lo hacían, el grupo criminal tomaría represalias contra sus familiares.
Tras un tiempo en Talavera, las víctimas fueron trasladadas a Palma de Mallorca, donde tenían prohibido salir solas del domicilio que ocupaban y estaban sometidas a vigilancia y control, además de obligarlas a atender a cualquier tipo de cliente aunque no fuera de su agrado.
Los pisos destinados a prostíbulos funcionaban las 24 horas del día todos los días de la semana, excepto las pocas horas que les dejaban libres, unas tres horas para descansar. A las mujeres que se negaban a prostituirse se le negaba la comida hasta que accedían a hacerlo y la mayoría estaban hacinadas en habitaciones sin casi ventilación ni luz natural.
SIN DINERO NI PASAPORTE
La dependencia de las mujeres víctimas de la banda criminal era prácticamente absoluta, ya que además de tener su pasaporte no recibían dinero alguno, puesto que todo lo que cobraban por mantener relaciones sexuales con sus clientes se destinaba a saldar la 'deuda' que habían contraido con los delincuentes por su traslado a España.
Los agentes de la UCRIF realizaron cuatro registros domiciliarios, uno de ellos en la vivienda de la supuesta cabecilla del grupo criminal y otros tres en pisos donde presuntamente se ejercía la prostitución, en los que se intervinieron numerosos efectos relacionados con los delitos investigados, sustancias estupefacientes, dispositivos electrónicos y cámaras de seguridad.
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