Este viernes 1 de abril ha entrado en vigor en toda España la rebaja del precio del carburante en 20 céntimos por litro, en aplicación del 'Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania', que aun está pendiente de ser aprobado por el Congreso..
Así, todas las gasolineras de nuestro país deberán fijar en el ticket de compra el descuento de esos 20 céntimos por cada litro de gasolina o gasoil para todos los clientes, 15 céntimos de los cuales corresponden a las arcas estatales mientras que los 5 céntimos restantes los asumen las petroleras, aunque de momento serán las propias empresas de las estaciones de servicio las que tengan que adelantar la rebaja a los clientes.
De ese modo, la bonificación se aplicará en el punto de venta y repostaje, que deberá hacer constar en el ticket el importe de la operación, distinguiendo el precio antes de aplicar el descuento y después, así como el importe de la bonificación aplicada. Los suministradores podrán solicitar mensualmente la devolución de los descuentos que implica esta bonificación y tendrán la posibilidad de pedir un adelanto a la Agencia Tributaria.
INFLACIÓN AL 9,8 POR CIENTO
La batería de medidas incluidas en este Real Decreto tienen como objetivo compensar al usuario ante la subida de los precios de la energía y paliar el impacto económico de la Guerra de Ucrania, causa principal -según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- en un 73 por ciento de la subida de los precios en nuestro país y de que la inflación haya llegado este mes de marzo al 9,8%.
Este Plan, según el Ejecutivo nacional, movilizará 16.000 millones de euros, divididos entre 6.000 millones en ayudas y rebajas fiscales y otros 10.000 en créditos ICO y las medidas que incluye recogen ayudas a las familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido económico y empresarial; ayudas al sector de los transportes; y al de la ciberseguridad y a la energía.
LIMITACIÓN DE ALQUILERES
Las medidas contempladas en el decreto tienen una vigencia limitada desde este 1 de abril hasta el próximo 30 de junio y, además de la rebaja ya citada en el precio del carburante, contempla otras como la limitación de la actualización anual de la renta durante este período para los contratos de arrendamiento de vivienda, que impide subidas superiores al 2%.
En ese sentido, los arrendatarios de un contrato de alquiler de vivienda habitual cuya renta deba ser actualizada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2022 podrán negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización y, si no llegaran a un acuerdo, la renta del contrato no podrá incrementarse en más del 2%, que es el actual Índice de Garantía de Competitividad (IGC).
GAS Y ELECTRICIDAD
En cuanto al precio del gas, pendiente de establecerse un tope, se prorroga la prohibición de incrementar la factura en más de un 5% por trimestre para quienes tienen contratada la tarifa regulada o TUR, que son cerca de 1,5 millones de hogares y pymes.
Además, el bono social eléctrico se amplía a 600.000 familias beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV) con contrato de suministro y se renovará automáticamente en los próximos dos años, manteniendo los descuentos del 60% para los consumidores vulnerables y del 70% en el caso de los vulnerables severos hasta el próximo 30 de junio.
ENERGÍA Y DESPIDOS
Para las empresas con un consumo intensivo de energía, se aplicará una rebaja del 80% de los peajes, con un coste de 250 millones de euros; se aumentará la dotación para compensar los impuestos al CO2 y se establecerán ayudas específicas a los sectores más afectados, aparte de actualizarse el sistema de retribución para las renovables acogidas a subvenciones (Recore), con una rebaja de cargos del sistema de 1.800 millones de euros.
Por otro lado, se prohíbe recurrir al despido objetivo, indemnizado con 20 días por año trabajado, por causas relacionadas con el aumento de los costes energéticos y tampoco podrán aplicarlo las empresas que reciban ayudas directas ni las que se acojan a un ERTE.
CRÉDITOS ICO
En cuanto al ICO, avalará otros 10.000 millones en créditos para garantizar la liquidez de empresas y autónomos, que podrán solicitarlos hasta el 31 de diciembre de 2022, con un periodo de carencia de 12 meses.
Además, para alargar el vencimiento de los créditos COVID avalados por el ICO aún vivos se elimina el requisito de caída del 30 % de facturación en 2020, mientras que los sectores más afectados -agrario, ganadero, pesquero y de transporte por carretera- podrán solicitar una carencia adicional de 6 meses.
AYUDAS DIRECTAS
También se han aprobado ayudas directas de 362 millones para el sector de la agricultura y la ganadería, 68 millones para el pesquero, 500 millones para la industria gran consumidora de energía y otros 125 millones para la industria con utilización intensiva de gas, además de los 450 millones ya previstos para el transporte de mercancías y viajeros.
Estas últimas ayudas directas de 450 millones de euros se traducirán en una cuantía de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, que incluye taxis, VTC y ambulancias. Asimismo se aprueban aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social a un interés reducido del 0,5 % para empresas y autónomos del sector del transporte urbano y por carretera, del agrario y del mar.