Los 1.200 trabajadores contratados por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina en los Planes de Empleo de Castilla-La Mancha de los años 2016, 2017 y 2018 cobrarán el próximo mes de mayo las cantidades que el Consistorio les adeuda por sentencia judicial.
Así lo ha manifestado la alcaldesa talaverana, Tita García Élez, que este martes ha firmado los "acuerdos transaccionales" para el pago de esas cantidades, que importan casi 9,3 millones de euros, con representantes de los sindicatos y de los trabajadores afectados.
Según ha explicado la regidora, con la firma de estos acuerdos se ha dado un “paso imprescindible, definitivo y necesario” para que las 1.200 familias afectadas por la mala gestión de los Planes de Empleo de los años 2016, 2017 y 2018, con el anterior equipo de Gobierno, puedan cobrar.
SOLUCIÓN DEFINITIVA
En el mismo sentido, Tita García ha indicado que "estos trabajadores y trabajadoras ya tienen una fecha para cobrar, que será durante el próximo mes de mayo", sin que haya especificado ningún día concreto, aunque ha indicado que probablemente será a finales de mes.
En el acto celebrado en el Ayuntamiento talaverano, han quedado firmados todos los acuerdos para alcanzar esa “solución definitiva” para los afectados que -ha dicho la alcaldesa- "fueron víctimas de la mala gestión municipal y que ahora ven la luz al final del túnel después de años y años de lucha".
PATADA HACIA ADELANTE
La regidora talaverana ha recordado que, al llegar al Gobierno Municipal en junio de 2019, lo primero que se encontró fue el recurso del anterior Ejecutivo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que condenaba al Ayuntamiento a indemnizar a los trabajadores de los Planes de Empleo citados por las ilegalidades registradas en la gestión de sus contratos, tras la demanda presentada por CCOO al respecto.
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El recurso plantedo por el Gobierno del PP fue “una patada hacia adelante” que “provocó que los afectados no vieran solucionado su problema, sino que se alargara en el tiempo”, ha señalado García Élez, que desde entonces ha venido trabajando con los servicios jurídcos municipalesen llegar a acuerdos con los sindicatos para “buscar una solución lo más rápida posible” y garantizar que los afectados pudieran cobrar.
PRÉSTAMO DE HACIENDA
Dada la cuantía de las indeminizaciones, el Ayuntamiento solicitó al Ministerio de Hacienda un préstamo para pagar esos casi 9,3 millones vía Fondo de Impulso Económico para la Financiación a Entidades Locales, cuya concesión fue confirmada en febrero siendo formalizado el 6 de abril con una entidad bancaria, de modo que sólo restaba el trámite de la rúbrica de los "acuerdos transaccionales" de este martes para enviar la documentación al Ministerio.
Ahora, tras la firma de estos acuerdos de pago con los representantes legales de los trabajadores, el Juzgado tendrá que dar el visto bueno y homologar estos documentos -trámite en el que se estima que se emplearán dos días- para luego trasladarlo al Ministerio de Hacienda que, una vez los reciba, procederá a ingresar la cantidad concedida en el mencionado préstamo.
8.000 NÓMINAS
Además, según ha explicado la alcaldesa, de forma paralela el Consistorio tendrá que terminar de confeccionar alrededor de 8.000 nóminas, que son las que se han visto afectadas por esas diferencias salariales, para pagar las cantidades correspondientes a la Seguridad Social.
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De todo ello se informará este miércoles a los representantes de la Plataforma de Afectados por el Plan de Empleo, así como del “larguísimo y complicadísimo” proceso que -en palabras de Tita García- ha tenido que seguirse y en el que ha habido que preparar "mucha documentación", con un "minucioso trabajo del equipo de Gobierno", junto a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, el Departamento de Personal y los trabajadores de IPETA.
GRACIAS AL MINISTERIO
En el capítulo de agradecimientos, la regidora ha citado al Ministerio de Hacienda, sin cuyo crédito "habría sido muy complicada la solución al problema", y a los sindicatos, "por su talante y diálogo para llegar al acuerdo de forma rápida", advirtiendo que “sin voluntad política no se habría llegado a la solución que ahora mismo tenemos encima de la mesa”.
Los representantes sindicales presentes en el acto, el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, y el secretario de Organización y Salud Laboral de UGT Castilla-La Mancha, Javier Flores, compartían la satisfacción de García Élez por la solución alcanzada en un asunto que el primero de ellos ha calificado como “el mayor fraude laboral de la administración local” en este país.
VALORACIÓN SINDICAL
Tras agradecer la voluntad del Ejecutivo municipal talaverano para “poner fin a esta problemática”, Pérez señaló que este problema se venía denunciando desde 2017 y que ha sido un “escándalo” desde el primer momento y recordando que los que causaron el problema, que fueron informados desde el primer momento y eran conscientes de lo que estaba pasando, “nos invitaron a acudir a los tribunales"; eso hicieron y así ha resultado.
Javier Flores, por su parte, ha recordado que UGT se adhirió a la denuncia inicial de CCOO "porque -ha dicho- vimos el fraude que se estaba generando” y ha dado la “enhorabuena” al Gobierno municipal de Talavera por “plantear una solución a los problemas”; una solución, ha significado, gracias a la cual “1.200 familias se verán beneficiadas por este acuerdo”.
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