Este miércoles ha arrancado en Santiago de Compostela el juicio sobre el accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio de 2013 en las inmediaciones de la capital gallega, cuando un tren Alvia que cubría el servicio entre Madrid y Ferrol descarriló en la curva A Grandeira, en el barrio compostelano de Angrois, a consecuencia de lo cual hubo 145 heridos y fallecieron 80 pasajeros; entre ellos, un talaverano.
Más de nueve años después de aquel fatídico día, víspera de la celebración de la festividad de Santiago Apóstol, patrono de Galicia y de España, el maquinista del 'tren de la muerte', Francisco Garzón, y el entonces jefe de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, se sientan en el banquillo como únicos acusados ante la magistrada María Elena Fernández Currás, que dirigirá el juicio.
Ambos acusados se enfrentan a penas de cuatro años de cárcel e inhabilitación profesional, que pide para ellos el Ministerio Fiscal, por 80 presuntos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños por imprudencia profesional grave; y a una reclamación por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil que asciende a 57,7 millones de euros y está dirigida además contra Renfe, Adif y sus respectivas aseguradoras, QBE y Allianz Global Corporate & Speciality.
CONMOCIÓN EN LA CIUDAD
Como La Voz de Talavera informó en su día, el accidente del 'tren de la muerte', el más importante ocurrido en la red ferroviaria española en la etapa democrática, se cobró la vida del empresario talaverano Luis Manuel Rodríguez Vallejo, de 44 años de edad, casado y con dos hijos; un suceso que supuso una gran conmoción en la Ciudad de la Cerámica y la Comarca, donde aquél era muy conocido por regentar un taller mecánico en el polígono industrial Torrehierro y por participar con asiduidad en rallies.
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El empresario fallecido en el trágico accidente había viajado ese mismo día de Talavera de la Reina a Madrid, donde tomó el tren con destino a Santiago de Compostela para reunirse con su familia y pasar varios días de vacaciones en tierras gallegas aprovechando la festividad de Santiago Apóstol, pero el descarrilamiento del convoy, ocurrido por exceso de velocidad al tomar una curva, cortó de raíz sus planes y le costó la vida.
APOYO MUNICIPAL
Talavera se sumó al dolor de la familia del fallecido y varios años después de la tragedia, el 25 de mayo de 2016, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción en la que mostraba su "apoyo expreso a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155"; recibir a la citada Plataforma "para conocer sus demandas y reivindicaciones"; y solicitar al Gobierno de la Nación "que encargue a una comisión de expertos y técnicos independientes la investigación de lo ocurrido" y abra "una comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas" por el accidente.
Ahora, en los nueve meses que está previsto que dure el juicio, desfilarán por el mismo 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos, después de una larga y procelosa fase de instrucción que ha pasado por manos de dos jueces, Luis Aláez y Andrés Lago Louro, y cuyo expediente consta de 44.460 folios.
Aláez llegó a imputar a la cúpula de Adif, pero Lago Louro cerró la investigación en octubre de 2015 con el maquinista como único imputado; poco después, a instancias de la Audiencia Provincial de A Coruña, este segundo magistrado añadió al exjefe de seguridad como acusado antes de cerrar de nuevo la causa en diciembre de 2018, aunque hasta dos años después no se produjo la conclusión definitiva tras una denuncia posterior de un extrabajador de Talgo que obligó a reabrir el caso.
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RECHAZAN SU RESPONSABILIDAD
Antes de la apertura de juicio oral en julio de 2021, la Audiencia ratificó el cierre de la instrucción en abril del año pasado, un mes antes de la renuncia de Cortabitarte al cargo que ocupaba en la dirección de Adif desde que fue reubicado tras el accidente. Las defensas de ambos acusados rechazan cualquier responsabilidad y señalan respectivamente a la falta de medidas de seguridad en el tramo y al exceso de velocidad las causas del accidente.
La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, que preside Jesús Domínguez y a la que pertenece la familia del empresario talaverano fallecido en el accidente ferroviario, ha "lamentado" la dilatación del proceso.
"NO VA A HABER JUSTICIA"
"A lo largo de este tiempo han fallecido algunos familiares y para ellos ya no va a haber Justicia", ha manifestado Domínguez, denunciando que "las propias instituciones han provocado que tarde tanto, con el cambio de juez, con peritos sin experiencia que demoraron el informe de la causa, con un informe que la UE no considera justo porque no lo hicieron expertos independientes, con una Fiscalía que no investigó nada los primeros cuatro años".
"Creemos que va a haber una sentencia, pero no va a haber justicia", ha advertido Domínguez.
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